FUERZAS ARMADAS

Las heridas siguen abiertas en Chile, 45 años después del golpe militar

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Un hombre vestido con una camiseta con el retrato del difunto presidente chileno Salvador Allende se vio afectado por los gases lacrimógenos lanzados por un camión policial mientras participa en una manifestación conmemorativa de otro aniversario del golpe militar de 1973 en Santiago de Chile, el domingo. Un hombre vestido con una camiseta con el retrato del difunto presidente chileno Salvador Allende se vio afectado por los gases lacrimógenos lanzados por un camión policial mientras participa en una manifestación conmemorativa de otro aniversario del golpe militar de 1973 en Santiago de Chile, el domingo.
Un hombre vestido con una camiseta con el retrato del difunto presidente chileno Salvador Allende se vio afectado por los gases lacrimógenos lanzados por un camión policial mientras participa en una manifestación conmemorativa de otro aniversario del golpe militar de 1973 en Santiago de Chile, el domingo. AP

Las heridas que dejó el golpe militar en Chile, del que este martes se cumplen 45 años, siguen sin cicatrizar.

Las Fuerzas Armadas se resisten a abrir sus archivos y el poder económico y político de los defensores de la dictadura siguen presentes mientras las víctimas reclaman justicia.

El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas -Armada, Fuerza Aérea, Ejército y Carabineros (policía)- perpetraron el golpe militar que acabó en el suicidio del presidente socialista Salvador Allende en el bombardeado palacio de La Moneda, poniendo fin al gobierno de la Unidad Popular, la primera coalición marxista que fue elegida en las urnas en América Latina.

La polarización de la sociedad, la dura crisis económica y la injerencia de Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría abonaron el terreno para el éxito del golpe militar que dio paso a 17 años de cruenta dictadura del general Augusto Pinochet, con más de 3,200 muertos y unos 38,000 torturados, entre ellos, la expresidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

La decisión de tres jueces de la Corte Suprema de conceder la libertad a siete violadores de los derechos humanos en la dictadura de Pinochet (1973-1990) el pasado julio ha puesto en pie de guerra a familiares de las víctimas y a políticos de izquierda, que han presentado una acusación constitucional por "notable abandono de deberes", al considerar que los magistrados incumplieron las normas establecidas por la comunidad internacional para los delitos de lesa humanidad.

La Cámara de Diputados se pronunciará este viernes sobre la suerte de los tres magistrados, cuya decisión ha suscitado un enfrentamiento sin precedentes en los casi 30 años desde la recuperación de la democracia entre el poder legislativo y el judicial.

La renuncia, en agosto, del ministro de Cultura, Mauricio Rojas, solo dos días después de asumir el cargo por calificar de "montaje" el Museo de la Memoria -que recuerda a las víctimas de la dictadura- sigue polarizando a una derecha condescendiente cuando no defensora del legado de Pinochet y de una izquierda que clama justicia para las víctimas.

Según Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), hay más de 1.500 causas abiertas sin que las Fuerzas Armadas hayan dado respuesta.

Y es que en aras de pasar página a este periodo negro, Lira considera que la Concertación, coalición de centroizquierda que asumió el poder en 1990, "negoció la democracia con Pinochet".

El dictador, que murió en diciembre de 2006 sin ser condenado, se mantuvo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y después senador vitalicio.

"Eso y el poder de la derecha, cómplice de la dictadura, hacen que se arrastre una vergonzosa situación política hasta hoy día", dice a la AFP.

"En Chile hay una disputa en torno a la memoria y a cómo significar la experiencia de la historia reciente. Hay una clara intención de un sector político de verse asociado a la palabra democracia, cuando este sector (derecha) en su mayoría estuvo asociado a la dictadura", sostiene en conversación con la AFP Raúl Elgueta, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago.

La cárcel de Punta Peuco, donde purgan penas en condiciones privilegiadas los condenados por las violaciones de los derechos humanos, quizá sea el símbolo más evidente de lo difícil que es pasar página.

Pese a su promesa, la expresidenta Michelle Bachelet, cuyo padre, el general Alberto Bachelet, murió en 1974 a causa de las torturas por mantenerse leal al gobierno de Salvador Allende, acabó su gobierno el pasado marzo sin cerrarla para enojo de la izquierda y de los familiares de las víctimas.

Tampoco lo ha hecho su sucesor, el conservador Sebastián Piñera, quien durante su primer gobierno (2010-2014) cerró otro penal de lujo para agentes de la dictadura.

"Estoy seguro que la izquierda aprendió la lección sobre lo importante que es cuidar la unidad, la amistad cívica, la democracia y las instituciones, y que la centroderecha también aprendió lo importante que es el compromiso total y absoluto con el respeto a los derechos humanos", dijo Piñera, un antipinochetista declarado, en una entrevista a La Tercera.

Según una encuesta reciente, el 75% de los chilenos considera que no ha habido reconciliación, para el 66% no "se ha hecho justicia en materia de derechos humanos" y para el 85% "aún existen pactos de silencio en el ejército para proteger a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos".

Tras 28 años de democracia, el legado de Pinochet sigue siendo insoslayable en la vida política y económica de Chile.

En las últimas elecciones de noviembre pasado, Juan Antonio Kast, un candidato que se proclamaba abiertamente pinochetista obtuvo el 10% de los votos y la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los principales pilares de la coalición de centro derecha que apoya a Piñera, sigue defendiendo el legado político, económico y social de la dictadura.

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