La infanta Cristina de España tomó el estrado este jueves, 3 de marzo, para testificar en un caso de malversación de fondos y fraude fiscal que financió el lujoso estilo de vida de ella y su esposo, pero invocó su derecho de responder preguntas hechas sólo por su abogado.
Cristina se sentó silenciosamente ante un panel de tres jueces primero escuchando preguntas hechas por un abogado del grupo que presentó los cargos en su contra, luego de que su esposo Iñaki Urdangarin concluyera tres días de testimonios.
El caso se centra en la acusación de que Urdangarin empleó su antiguo título de duque de Palma para malversar cerca 6.6 millones de dólares en contratos públicos logrados por el instituto para eventos deportivos entre 2004 y 2007.
Diecisiete personas están acusadas en el proceso, incluidos Urdangarin y Cristina.
Cristina se enfrenta a dos cargos de fraude fiscal y por cada uno podría recibir una pena máxima de cuatro años en prisión. Cristina es la hermana del rey Felipe VI, quien subió al trono en el 2014 cuando su padre abdicó.
Ella es el primer miembro de la familia real española en enfrentarse a cargos criminales desde que se restauró la monarquía en 1975.
Sin embargo, los fiscales recomendaron no acusarla y dijeron que podría recibir una multa administrativa a lo mucho.
Pero bajo la ley española, grupos como la organización Manos Limpias involucrados en el juicio de Cristina, pueden buscar cargos criminales una vez que las autoridades fallan en contra de los acusados.
Se espera que el abogado de Cristina la cuestione después de que el abogado de Manos Limpias termine de leer una larga lista de preguntas.
Urdangarin fue interrogado más temprano el jueves y no pudo explicar ante el tribunal por qué gastos personales como un safari o vino para él y su esposa fueron abonados con la tarjeta de crédito de la empresa de la que ambos eran titulares.
Pero el exmedallista olímpico de balonmano convertido en empresario, insistió que nunca fue consciente de estar haciendo algo cuestionable.
Urdangarin dijo que su esposa nunca utilizó la tarjera de crédito de la consultora inmobiliaria Aizoon propiedad de la pareja. Además agregó que presentó las facturas a su secretario para que fueran abonadas por la compañía, que según documentos judiciales era una “empresa pantalla”.
