El histórico juicio a los independentistas catalanes se acerca a su fin, tras 16 semanas en las que la batalla legal no solo se ha librado en el tribunal, sino también en el exterior, obligando a España a salir en defensa de su justicia.
Sentados en el banquillo del Tribunal Supremo desde febrero, 12 líderes catalanes están acusados de haber infringido la ley al organizar un referéndum ilegal y proclamar una efímera república independiente en octubre de 2017.
Ante las intenciones independentistas de usar este juicio como escaparate para sus reivindicaciones, el sistema judicial español optó por la cautela.
En un esfuerzo de transparencia, la televisión retransmitió en directo todo el juicio que debe terminar el 12 de junio.
Y el presidente de la sala, el juez Manuel Marchena, veló por el respeto del procedimiento, consciente de que, una vez salga la sentencia en otoño, los acusados recurrirán a instancias internacionales.
Pero la ofensiva de los independentistas lleva meses en marcha, en tribunales europeos o en Naciones Unidas, para intentar poner en cuestión a la justicia española.
Este viernes, España pidió a la ONU la revisión de un informe de expertos independientes de uno de sus grupos de trabajo que calificaba de "arbitrario" el encarcelamiento de tres separatistas juzgados y reclamaba su liberación.
El informe contiene "errores y distorsiones" y sus autores "parecen desconocer el delito con el cual están inculpados", criticó la portavoz gubernamental Isabel Celaá.
Además denunció "conflicto de intereses" de dos de sus autores que en el pasado habían trabajado con el abogado británico que defendió a los tres presos en el caso.
Uno de sus mayores éxitos fue la elección en las legislativas de abril de cuatro diputados y un senador que llevaban más de un año en prisión preventiva.
Todos ellos fueron suspendidos rápidamente pero antes lograron hacerse una icónica foto durante su fugaz excarcelación para acudir al parlamento a asumir los cargos.
Ahora quieren la misma imagen en el Parlamento Europeo, en el que sus dos principales líderes consiguieron escaño en las elecciones del pasado domingo.
Uno de ellos, el vicepresidente regional en octubre de 2017 Oriol Junqueras, encarcelado desde noviembre de 2018 y con una petición de 25 años de prisión de la fiscalía, ya había sido elegido diputado en España.
El otro es quien fuera su presidente en el gobierno regional, Carles Puigdemont, que consiguió su escaño desde Bélgica, adonde se marchó después del intento de secesión para eludir la acción de la justicia española.
Pero para acceder a su escaño en Estrasburgo, en teoría debe recoger sus credenciales en Madrid, donde la policía lo detendría inmediatamente, aunque él alega que no debe pasar por España y que dispone inmunidad parlamentaria.
Ante la complejidad del caso, el Europarlamento suspendió el viernes la acreditación temporal de todos los representantes electos españoles que aún no habían realizado el trámite.
La decisión fue tomada por la presidencia de la Cámara a pedido de las delegaciones españolas del Partido Popular Europeo (PPE), los socialistas y Ciudadanos, opuestos a los independentistas y que hablaron del riesgo de "perturbaciones políticas en España".
Los independentistas aprovechan hasta ahora los puntos débiles del adversario, al menos para la opinión pública: la larga prisión provisional y la controvertida acusación de rebelión, que implica violencia.
El gobierno catalán, todavía en manos de los separatistas, aprovechó el informe de los expertos del grupo de trabajo de la ONU para exigir este viernes la liberación inmediata de los presos.
En cambio pasaron más de puntillas sobre otra resolución, esta vinculante, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocida esta semana.
Esta corte, esperanza de los separatistas juzgados, les propinó un revés y aseguró que el Tribunal Constitucional español tenía derecho a suspender una sesión parlamentaria en que se preveía la proclamación de una república independiente.
La violencia que implica el delito de rebelión imputado a nueve de los acusados sigue en el centro del debate.
La fiscalía decidió mantenerlo el miércoles a pesar de que podría haberlo cambiado por otros más fáciles de defender.
Para respaldar su versión citan más insultos y actos de intimidación en un clima supuestamente "insurreccional" que golpes, mientras que la defensa exhibió en los últimos días de juicio decenas de vídeos de policías aporreando electores durante el referéndum.
La fiscalía además cometió algunos errores de procedimiento, el mayor de ellos el miércoles.
Los fiscales publicaron sus conclusiones definitivas ampliando la pena solicitada para dos acusados y rectificaron poco después para volver a la petición inicial, alegando un error de tecleo.