La corte suprema de Brasil puede debatir el miércoles una alteración de normas que impactaría en el destino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde el sábado, y también en la agitada situación política del país a seis meses de las elecciones generales.
El problema es que sus once miembros están tan divididos como el resto de la sociedad y que sus decisiones son percibidas con desconfianza creciente por los brasileños, señalan analistas.
La cuestión que podría ser puesta en debate se refiere al momento en que un condenado debe empezar a purgar una pena de prisión.
Según la jurisprudencia actual, esto es posible a partir de un fallo de segunda instancia, como el del tribunal de apelación que en enero condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.
Esa jurisprudencia se adoptó en 2016 por una estrecha mayoría de 6 votos contra 5.
Anteriormente, se garantizaba el derecho a recurrir en libertad ante las máximas instancias judiciales, en procesos que pueden demorar años. Pero los críticos de esa modificación quieren revisarla.
Si lo logran, la estadía de Lula en la cárcel podría ser -inesperadamente- de apenas unos días, al menos por el momento.
El Supremo Tribunal Federal (STF) denegó el 5 de abril un recurso para impedir el encarcelamiento de Lula. Pero una de las magistradas que votó en contra, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia cuando el asunto fuese tratado de forma general, y no por un caso específico.
Los partidarios de rediscutir la norma reclaman una clarificación porque la actual autoriza, sin imponer, el encarcelamiento tras la segunda instancia, lo cual deja la cuestión al arbitrio de cada uno de los dos grupos ('turmas') en que se divide el STF.
"La impresión de la población es que hay inestabilidad en las decisiones del STF, que estas se toman simplemente en función de las preferencias en la composición del tribunal" y eso "es muy nocivo para su imagen", dijo a la AFP Thomaz Pereira, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro.
Para Daniel Vargas, especialista en derecho público, también de la FGV, "lo que está en juego es la credibilidad del STF y de la propia democracia". Pero la crisis no se resolverá con un fallo, porque el desgaste afecta a todas las instituciones brasileñas.
