La justicia de Colombia impuso una condena de casi 29 años de prisión a un guerrillero que se apartó del pacto de paz por su participación en el secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano en 2018, anunció la fiscalía este martes.
Jesús Vargas, conocido con el alias de Reinel y quien ejercía como mando medio del grupo armado Oliver Sinisterra, deberá cumplir 28 años y 8 meses de cárcel por el crimen de los trabajadores del diario El Comercio en la frontera entre ambos países.
Se trata del primer condenado por un caso que fue repudiado internacionalmente.
El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paul Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) fueron secuestrados en Ecuador por disidentes de las extintas FARC el 26 de marzo de 2018.
“Posteriormente, quedaron a cargo de alias Reinel, quien fue el encargado de custodiarlos hasta que alias Guacho, entonces cabecilla de la estructura disidente, ordenó asesinarlos”, detalló la fiscalía colombiana en un comunicado.
Los cuerpos fueron hallados tres meses después del secuestro en una fosa clandestina ubicada del lado colombiano de la frontera, en el departamento de Nariño (sur), la zona con más narcocultivos del mundo.
El ecuatoriano Walther Arizala, conocido con el alias de Guacho, fue abatido por militares colombianos en diciembre del mismo año.
De 29 años, Reinel, quien fue detenido en julio de 2018, aceptó su responsabilidad en los hechos.
Según la fiscalía, realizó “un acto virtual de perdón con los familiares de las víctimas”, agregó la fiscalía colombiana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró en un reporte que las acciones de Ecuador para proteger a los reporteros asesinados “fueron insuficientes”.
En un comunicado conjunto, los familiares de las víctimas y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguraron que el fallo es “relevante”, pero criticaron a la fiscalía colombiana.
“No ha sido diligente en su investigación (...) y tampoco ha dado con todos los autores materiales ni intelectuales” del crimen, reza el texto.
Los captores pretendían la excarcelación de allegados a Arizala presos en Ecuador a cambio de la liberación de los rehenes. Según los disidentes, la negociación se frustró por los operativos de las autoridades colombianas.
“Se ha omitido indagar sobre aspectos que comprometerían la responsabilidad del Estado colombiano”, reclamó la FLIP, alegando que se adelantaron “acciones militares (...) a sabiendas del riesgo que esto podría implicar en las negociaciones de liberación”.
Sin un mando unificado, los disidentes que se apartaron del pacto de paz firmado por las FARC en 2016 suman unos 2.500 militantes y se nutren principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales, de acuerdo con inteligencia militar.
