Los jueces y fiscales de Venezuela han tenido un “papel muy importante” en graves violaciones de derechos humanos contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro, según un informe de una misión de la ONU difundido este jueves 16 de septiembre que describe una “profunda erosión” de la independencia judicial en el país.
En su segundo informe, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014”.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al gobierno de Maduro.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela”, dijo Valiñas en el comunicado.
La Misión indicó que realizó “177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”.
Además efectuó un “extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales”, y de “183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno” entre 2014 y agosto de 2021, y documentó “las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.
