El Poder Judicial de Perú evaluará este lunes la petición de la Fiscalía de impedir durante 36 meses la salida del país a la primera dama, Lilia Paredes, mientras es investigada como presunta coordinadora de una organización criminal en el Gobierno, bajo el supuesto liderazgo del presidente Pedro Castillo.
El juez Raúl Justiniano resolverá, en una audiencia pública programada a las 10:00 hora local (15:00GMT), la solicitud que presentó el Ministerio Público contra Paredes por supuestamente integrar una red corrupta encargada de adjudicar obras públicas a cambio de dinero.
La audiencia estaba prevista inicialmente para el pasado 29 de septiembre, pero el juez la reprogramó a solicitud del abogado principal de Paredes, Benji Espinoza, quien alegó que su conexión digital no era la adecuada desde el exterior, donde se encontraba.
Justiniano aceptó la solicitud de Espinoza, pero advirtió a Paredes de que, si el día 10 de octubre no se presenta su abogado, se le asignará un defensor público y que la diligencia se realizará “sí o sí”.
El pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país contra Paredes se conoció el pasado 22 de agosto y se extiende a sus hermanos Walter y David Paredes, quienes supuestamente también están implicados en esta presunta red corrupta.
En esta organización, siempre según la versión fiscal, también están presuntamente involucrados otros miembros del Ejecutivo y la hermana menor de la primera dama, Yenifer Paredes, quien fue criada como una hija por la pareja presidencial y hoy está bajo arresto preventivo.
Por este caso también está siendo investigado el empresario Hugo Espino, quien confesó ante la Fiscalía que coordinó con Lilia y Yenifer Paredes en el Palacio de Gobierno un acuerdo para ser testaferro de la familia de Castillo, recibió depósitos de dinero de ellos y pagó sobornos para adjudicarse obras de infraestructura con el Estado, según reveló un medio local.
Castillo tiene abiertas en su contra seis pesquisas preliminares del Ministerio Público, que lo investiga por supuestamente encabezar esta red corrupta, así como por la licitación para la compra de biodiésel para la estatal Petroperú.
También por el presunto encubrimiento de los prófugos Juan Silva, exministro de Transportes, y su sobrino Fray Vásquez, denunciados por participar en las coordinaciones de esta presunta organización criminal.
Asimismo, el mandatario es investigado preliminarmente por presuntas irregularidades en ascensos policiales y militares y por el supuesto plagio de su tesis de maestría.