Leire Ventas - Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
La Corte Suprema de Estados Unidos volvió este viernes a allanar el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump elimine las protecciones legales a cientos de miles de venezolanos que residen en el país.
Es la segunda vez en cinco meses que el alto tribunal le da luz verde al esfuerzo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para terminar con el llamado estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
El programa está en la mira desde el inicio de la actual administración.
Así, a finales de enero, días después del regreso de Trump a la presidencia, Noem anunció que dejaría sin efecto la decisión del anterior presidente, Joe Biden, de extender por 18 meses la protección a cerca de 600.000 venezolanos.
Y este viernes la Corte Suprema emitió una moción de emergencia que suspende un fallo de septiembre del juez federal de California Edward Chen, con el que había concluido que la administración violó la ley al intentar revocar abruptamente el TPS para los venezolanos.
El máximo tribunal, compuesto por seis jueces conservadores y tres progresistas, confirmó así una decisión emitida en mayo, cuando ya respaldó la decisión del gobierno de poner fin al programa.
“Aunque la postura del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos, en general, no lo han hecho. El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado en este caso”, dijo la Corte, en referencia a su decisión anterior.
Las magistradas liberales del tribunal se opusieron a la decisión.
En una opinión por escrito en la que mostraba su disidencia, la jueza Ketanji Brown Jackson criticó a la mayoría de la Corte por acceder a la solicitud de emergencia presentada por el gobierno.
“Disiento porque, con todo respeto, no puedo aceptar nuestra repetida, gratuita y perjudicial interferencia en casos pendientes en los tribunales inferiores mientras hay vidas en juego”, escribió.
La orden de la Corte Suprema estará en vigor mientras continúa el litigio en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, que puede extenderse durante meses o años.
Mientras dura el proceso, los venezolanos beneficiarios del TPS quedan expuestos a la deportación. A 350.000 las protecciones se les vencieron en abril y a otros 250.000 se les vencerán en noviembre.
El litigio continúa
El caso comenzó a finales de enero, cuando la secretaria Noem intentó poner fin a la prórroga de 18 meses del TPS otorgada por Biden a ciertos migrantes.
Algunos de los afectados por el cambio impugnaron la medida, alegando que. Noem había excedido su autoridad y violado los procedimientos administrativos para terminar el programa.
Los abogados de estos, encabezados por Ahilan T. Arulanantham del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), argumentaron por ejemplo que el Departamento de Seguridad Nacional no revisó las condiciones en Venezuela antes de decidir finalizar el programa.
“Es desgarrador que los jueces hayan aprobado sin más la cancelación ilegal del TPS por parte de esta administración. Esta decisión trastocará la vida de cientos de miles de beneficiarios del TPS, respetuosos de la ley y trabajadores, como yo”, declaró este viernes Cecilia González, de la Alianza Nacional TPS, la organización que presentó la demanda contra la decisión del gobierno de eliminar el programa.
“Hoy, lamento la separación de las familias, los padres que pasarán horas despiertos preocupados por cómo mantener a sus hijos, las personas que se quedarán sin tratamiento médico, que perderán sus empleos, su estabilidad, todo por lo que han trabajado”.
En su primer mandato, Trump intentó liquidar el programa para varios países, pero varios desafíos legales se lo impidieron.
Durante la campaña electoral, su vicepresidente, JD Vance, prometió “detener” la concesión del estatus de protección “en masa” que otorga el TPS.
El gobierno de Trump ha vinculado la elevada migración venezolana con la criminalidad, en especial con la presencia de la banda del Tren de Aragua.
Sin embargo, los datos no muestran un aumento significativo de criminalidad asociada con los venezolanos en Estados Unidos.
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