El gobierno de Joe Biden prohibió el lunes a los fiscales federales de Estados Unidos usar órdenes o citaciones judiciales para identificar las fuentes de los periodistas, después de que se revelaran esfuerzos de esa naturaleza bajo el expresidente Donald Trump.
“El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el fin de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de noticias”, escribió el fiscal general, Merrick Garland, en una directiva a los fiscales federales.
La nueva norma también aplica para la difusión de información clasificada, precisó, lo cual representa un gran cambio exigido durante años por las asociaciones que defienden la libertad de prensa.
Los fiscales, sin embargo, conservan el uso de su arsenal legal contra los sospechosos de ser la fuente de filtraciones de información confidencial.
La directiva prevé algunas excepciones: si se sospecha que el periodista ha cometido un acto ilegal, por ejemplo, tráfico de información privilegiada, o ha utilizado un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos; o si es para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.
Para asegurar que la medida perdure en el tiempo, Garland solicitó a sus servicios que revisen todas las normas relacionadas con los periodistas con el fin de promover la aprobación de una ley en el Congreso.
Este cambio se produce luego de la revelación de una batalla legal librada en secreto por la administración Trump para obtener los correos electrónicos de los reporteros del New York Times con el fin de identificar sus fuentes.
La cadena CNN también informó que el gobierno del expresidente republicano había buscado y obtenido en secreto los registros telefónicos y de correo electrónico de sus corresponsales.
