La Justicia de Perú rechazó un segundo pedido de la Fiscalía para que dicte el impedimento de salida del país para la expresidenta Dina Boluarte, en este caso por 18 meses y como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, informaron este miércoles medios locales.
La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien consideró “infundada” la petición tras señalar que la Fiscalía no acreditó que exista un peligro de fuga de Boluarte.
“Conforme se sostiene en los considerandos sobre peligro de fuga y su comportamiento procesal en la presente resolución demostrarían la inexistencia de tal riesgo; en consecuencia, la medida no resulta idónea ni necesaria”, señaló la resolución del juez, que fue reseñada por medios locales.
Checkley había anunciado el jueves pasado que tomaría la decisión sobre este tema “en el plazo de ley”, tras evaluar los alegatos de la Fiscalía y la defensa de la exmandataria.
El día anterior, el juez Fernando Valdez, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, había declarado “infundado” un primer pedido para que se ordene el impedimento de salida del país, durante 36 meses, para Boluarte, en un proceso por un presunto lavado de activos.
Valdez sostuvo que “no existe sustento fáctico” para ordenar la medida restrictiva, tras también considerar que no existe un peligro de fuga de la ex jefa de Estado, quien no acudió a las dos audiencias judiciales, pero fue representada por uno de sus abogados, Juan Carlos Portugal.
Boluarte, quien reemplazó a Pedro Castillo en la jefatura de Estado tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue destituida hace dos semanas por el Congreso, que la acusó de una “permanente incapacidad moral” para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana que afecta al país.
La exmandataria afronta una serie de investigaciones en la Fiscalía, la mayoría por casos de presunta corrupción, pero también por la muerte de 49 personas durante las manifestaciones que se presentaron en el país, sobre todo en las regiones del sur, luego de que asumiera el cargo en reemplazo de Castillo, de quien era vicepresidenta.