Delcy Rodríguez, acérrima defensora del régimen que gobernó Venezuela desde que en abril de 2013 Nicolás Maduro Moros llegó al poder y hoy presidenta encargada por decisión del Tribunal Supremo de Justicia “con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación”, sería la pieza clave en la “transición” anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la operación militar que depuso al delfín del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta del régimen desde el 14 de junio de 2018 y, además, como ministra de Economía y Finanzas, desde el 9 de septiembre de 2020, fue mencionada públicamente por el presidente Trump como la figura lógica, por sucesión del cargo, para efectuar la “transición” necesaria para el retorno de la democracia a esa nación sudamericana.
Ella, aseguró el mandatario estadounidense, “está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”. No obstante, en declaraciones posteriores le advirtió que “si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.
Rodríguez fue designada por el TSJ como presidenta encargada el 3 de enero de 2026, horas después de que tuviera lugar la operación Absolute Resolve, que incluyó bombardeos en zonas militares clave del país. La Sala Constitucional, en ponencia conjunta, señaló que la decisión de otorgar facultades presidenciales a Rodríguez se da en el marco de una actuación cautelar urgente y preventiva, luego de la “agresión militar” que tuvo como finalidad “el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros”, quien fue sacado de suelo venezolano por militares estadounidenses para ser llevado ante las autoridades de esa nación junto con su esposa, Cilia Flores.
Trump aseguró que “nadie tomará el poder” y que un equipo de Estados Unidos trabajará junto a los venezolanos para asegurarse que es el fin del chavismo y que una “transición apropiada” tendrá lugar.
No mencionó a Edmundo González, a quien gran parte del mundo democrático considera el presidente constitucional de Venezuela, electo en 2024; ni a María Corina Machado, la líder opositora que debió ceder la candidatura luego que el régimen de Maduro la inhabilitara y cuya lucha constante y frontal le valió el Premio Nobel de la Paz 2025.
Consultado el equipo de Vente Venezuela en Panamá sobre la omisión de Trump a las figuras de González y Machado, el coordinador local expresó que están a la espera de un pronunciamiento oficial de su directiva y hasta tanto eso suceda no darán declaraciones sobre el tema.
No obstante, un mensaje enviado por Edmundo González la noche del 4 de enero a través de sus redes sociales, deja entrever una primera y clara reacción, con prioridades lejanas a lo expresado hasta ahora por el mandatario estadounidense: “[…] La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas […] y se respete sin ambiguedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Hoy, quien usurpó el poder, ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante, entre ellas, una es ineludible, la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos […]. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia, al Estado de derecho y a la dignidad de sus ciudadanos. Tal y como lo establece el artículo 5 la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos […]. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido […].
De la sombra al poder
La sola mención que Rodríguez sería la pieza clave en el proceso de transición ha generado suspicacias y rechazo. Y es que su ejecutoria demuestra el nivel de involucramiento y apoyo al régimen. Maduro lo dejó claro en múltiples ocasiones, como cuando la nombró constituyente en junio de 2017, luego de tres años como ministra de Relaciones Exteriores. Ese día dijo: “merece el reconocimiento de todo el país porque ha defendido como una tigra la soberanía, la paz y la independencia de Venezuela”.
Seguidora de Hugo Chávez desde la época de su intentona golpista –aunque más tarde se habría aleado de él por diferencias que no se han contado públicamente— esta diplomática con estudios de Derecho en Venezuela y París y una maestría en Londres, fue la voz cantante contra la oposición venezolana y contra los políticos y líderes democráticos del mundo que rechazaron, por considerarlos fraudulentos, los resultados de los sucesivos torneos electorales realizados a partir de 2013, con los cuales el régimen intentó poner un tamiz democrático a la dictadura que venía fraguando a punta de inhabilitaciones electorales; la detención de políticos con acusaciones infundadas y una represión que a lo largo de estos años dejó al menos 273 personas asesinadas en el contexto de las protestas (registro de la oenegé Foro Penal desde 2002 hasta el 31 de mayo de 2019); así como la detención por razones políticas de 887 personas al 30 de noviembre de 2025, según el registro del Foro Penal. A esto hay que sumar el éxodo de unos 8 millones de venezolanos que huyeron de la crisis socioeconómica causada por el declive de la otrora potencia regional.
Así, Delcy Eloína Rodríguez Gómez ha ocupado diversos cargos, incluidos los de diputada y gobernadora. Sin embargo, los que mayor vitrina internacional le dieron son el de ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, al que llegó un 3 de agosto de 2013 y que desempeñó hasta el 13 de octubre de 2014. Este ministerio es el que se encarga de la política comunicacional del Gobierno y desde allí apoyó la retórica de Maduro en materia de restricción de libertades ciudadanas, de descrédito a la oposición venezolana y de ataque a los gobiernos democráticos de la región y el mundo que exigían un cambio de rumbo.
Desde este ministerio, Rodríguez respondió, por ejemplo, a informes de censura presentados por organizaciones como IPYS Venezuela (2014), defendiendo la política comunicacional del Gobierno y rechazándolo por supuesta parcialidad e influencias externas de financiación.
También desmintió noticias sobre represión en las protestas, informes de organismos internacionales de derechos humanos y acusó a los medios de utilizar retóricas para hacerle daño al país.
También se desempeñó como ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela desde el 26 de diciembre de 2014, hasta el 21 de junio de 2017. Durante este período, cuando las protestas lideradas por Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma y otros provocaron la salida de millones de personas a las calles y derivaron en la creación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y en el desarrollo de diálogos fallidos, la causa por Venezuela traspasó fronteras y la canciller Rodríguez mostró su fidelidad y su respaldo a Maduro y sus políticas. Lo anterior la llevó a confrontar, incluso con insultos, al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien mantenía una posición frontal contra el régimen y en un voluminoso informe sugirió suspender a Venezuela del organismo, conforme a lo que establece la Carta Democrática Interamericana.
“Almagro es un mentiroso, deshonesto, malhechor y mercenario, traidor de todo lo que representa la dignidad de un diplomático latinoamericano”, afirmó Rodríguez, sentada a un lado del excanciller uruguayo en una reunión convocada para tratar la crisis, en marzo de 2017 en la OEA.
En esos tiempos Rodríguez también dijo que Venezuela estaba siendo usada como un “objeto a negociar” entre el gobierno del presidente Donald Trump (2017-2021) y los gobiernos “de derecha” de América Latina. Aseguraba que lo que buscaba Almagro y un grupo “minúsculo” de países era “crear el ambiente en la comunidad internacional de que algo grave ocurre en Venezuela que justifique la intervención en todas sus condiciones” en su país y que ese objetivo era “respaldado desde Washington”. De hecho, fue a ella a quien correspondió acatar la instrucción de sacar a Venezuela de la OEA, alegando “intervencionismo e injerencismo” de un grupo de países, a través del organismo y encabezados por Estados Unidos, para derrocar a Maduro.
En abril de 2017, mediante un comunicado, la ministra de Relaciones Exteriores expresó: “Venezuela ha adoptado la digna decisión de retirarse de la OEA (...) luego de haber enfrentado con valentía el acoso, la injerencia y la ignominia de la que ha sido objeto en esa institución y por parte de su enfebrecido secretario general. En aras de la defensa de los intereses colectivos de la región, tanto [Hugo] Chávez en su tiempo como hoy el presidente [Nicolás] Maduro, enfrentaron sus traiciones con dignidad y valor. Pero la OEA nunca se propuso aceptar a un gobierno popular y mucho menos ayudar a Venezuela, como predican algunos. Por el contrario, se alineó cada vez más con los propósitos de derrocar a la Revolución Bolivariana”. En el documento también aseguró que la OEA tiene una historia de 70 años de subordinación a los intereses oligárquicos e imperialistas.
En medio de toda la pugna ante la OEA, en diciembre de 2016, la canciller también afrontó la crisis con el Mercosur, cuyos Estados fundadores le notificaron un 1º de diciembre “el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte”. Si bien la razón formal alegada por la cancillería argentina fue que habían tenido cuatro años para incorporar la normativa vigente y el plazo adicional otorgado para honrar sus obligaciones había vencido en esa fecha, el liderazgo opositor venezolano lo calificó como un “repudio al régimen”, una “sanción política”, ya que la decisión había sido adoptada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países que se habían desmarcado del gobierno venezolano y apoyaban la causa opositora en la OEA.
El 24 de junio de 2016, por su “lucha en la defensa de la Patria en escenarios internacionales”, la canciller fue condecorada por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República con la Orden Militar de la Defensa Nacional, Grado Comendador, Primera Clase.
Finalmente, y antes de llegar a la cúspide del poder, un 30 de julio de 2017, Rodríguez fue electa a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual presidió desde su sesión inicial el 4 de agosto, y cuya convocatoria buscó cooptar los poderes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y desmantelar lo que quedaba de la institucionalidad democrática. Durante este período se aprobó, entre otras, la denominada Ley para la Convivencia Pacífica y Contra la Intolerancia, que sanciona con 25 años de prisión a aquellos ciudadanos que incurran en lo que tipificaron como “crímenes de odio”. El día que fue aprobada, Rodríguez expresó que las empresas mundiales de comunicación, como Twitter o Instagram, serían sancionadas si no eliminaban aquellas publicaciones que el gobierno de Maduro considerara que califican como crímenes de odio o de intolerancia.
De acuerdo con la oenegé Control Ciudadano, Rodríguez fue sancionada por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y Suiza y por la Unión Europea y países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); tiene prohibición de entrada a los países miembros de UE, así como a Colombia y México, por violaciones a los derechos humanos y debilitamiento del Estado de derecho, y/o por su relación con funcionarios del régimen sancionados por actos de corrupción.
En 2020, fue protagonista de un escándalo en España que fue denominado el Delcygate y que implicó un viaje secreto –violando las sanciones de la Unión Europea-- para presuntamente vender oro venezolano de manera fraudulenta, como parte de un entramado de corrupción.
La hasta hace poco vicepresidenta del régimen también ha sido figura central en la relación con China y la utilización de los Fondos China Venezuela. Un informe de 2023 del Centro de Investigación Chino Latinoamericano de la Fundación Andrés Bello menciona que entre 2015 y 2019 la alta funcionaria efectuó cuatro visitas oficiales a la República Popular China, en tanto que recibió a una delegación de esa nación en Caracas en 2022. Sobre la vinculación de Rodríguez a proyectos y a la compra de bienes y servicios en el marco de los Fondos China Venezuela, el documento señala que estuvo vinculada a “todos”. La dimensión de esta responsabilidad queda en evidencia en una investigación de este organismo que señala que de $136 mil millones en préstamos otorgados por China a los países de América Latina y el Caribe desde 2005 y hasta 2017, $62 mil millones (45%) fueron para Venezuela.
Rodríguez hizo sus pinitos en Gobierno, en 2003, bajo la égida de Chávez, como coordinadora general de la vicepresidencia, un cargo administrativo, y 20 años después conformaba con el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, tercero en la línea sucesoria de acuerdo con la Constitución, la dupla más poderosa de Venezuela.
