La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, pidió este lunes al presidente Gustavo Petro apartar a los funcionarios implicados en corrupción en la compra de camiones cisterna para llevar agua potable al departamento caribeño de La Guajira, de quienes dijo que ponen al “Gobierno contra la pared”.
”Yo no ayudé a hacer un esfuerzo tan grande para que ahora unos bellacos villanos pongan al Gobierno contra la pared”, manifestó Márquez en un acto público en la localidad de Soacha, situada al sur de Bogotá.
Hace varias semanas la prensa denunció la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a las zonas desérticas de La Guajira mediante contratos que hizo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.
En el centro del escándalo está Olmedo López, un político de izquierda que entre abril de 2023 y febrero de este año fue director de la UNGRD, entidad que supuestamente también usó dinero de ese proyecto para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el fin de que apoyaran en el Congreso la aprobación de las reformas sociales del Gobierno.
La vicepresidenta aseguró igualmente que toda su vida ha luchado contra la corrupción y que “quienes crean que van a seguir aquí robándose al pueblo, yo creo que están en el lugar equivocado y tienen que irse, con todo el respeto, señor presidente”.
Ante el crecimiento del escándalo, Olmedo López pidió que se le permita declarar ante la Fiscalía y colaborar con la Justicia a cambio de beneficios penales y protección para él y su familia.
La Fiscalía también tiene previsto escuchar a Sneyder Pinilla, que hasta el pasado 6 de marzo fue subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD y quien el viernes reveló el pago de sobornos por 3.000 millones de pesos en efectivo (unos 770.000 dólares de hoy) a Name y de 1.000 millones de pesos (unos 257.000 dólares) a Calle.
Otra implicada en el caso, la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, presentó su renuncia a Petro, mientras que el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, se mantiene en el cargo pese a que también se le vincula al escándalo.