La guerra en Medio Oriente se ha convertido en el eje dominante del escenario global. Ya no se limita a ocupar la agenda informativa: atraviesa y condiciona, de manera directa e indirecta, el conjunto de la política internacional. Hace apenas unas semanas, a inicios de marzo, las preguntas centrales giraban en torno a su origen y sus causas.
Hoy, esas interrogantes han perdido relevancia frente a una preocupación mucho más urgente.
Gobiernos, mercados y actores económicos ya no se preguntan tanto por qué comenzó el conflicto, sino cómo y cuándo terminará. A medida que se prolonga y escala, esta guerra empieza a perfilarse no solo como una crisis geopolítica, sino como una creciente amenaza para la estabilidad de la economía global. La variable tiempo se ha vuelto el factor clave.
En efecto, tres semanas después de su inicio —el pasado 28 de febrero—, la guerra en Irán ha dejado de ser un conflicto militar regional para convertirse en un shock geoeconómico de alcance global. El canal de transmisión más inmediato es el energético. La disrupción en el estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo— ha impactado directamente sobre las expectativas de precios, crecimiento e inflación.
Según Reuters, Bank of America y Standard Chartered han revisado al alza sus proyecciones para el Brent en 2026, mientras que esta última estima que entre 7.4 y 8.2 millones de barriles diarios de oferta regional están actualmente fuera del mercado. Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo ha aumentado más de 40%. Este martes 17 de marzo, el barril de Brent se movió entre 102-103 dólares.
La Agencia Internacional de Energía, por su parte, ha activado una respuesta coordinada con la liberación potencial de 400 millones de barriles de reservas estratégicas; liberación que pese a su alto volumen no ha logrado detener el alza del precio del crudo, una señal inequívoca de la magnitud del shock.
El segundo canal es el gas natural. La crisis no se limita al petróleo: también afecta al LNG y al gas como insumo clave para la industria. El conflicto ha reactivado los temores de una nueva ola inflacionaria global, al encarecer la energía y otros insumos críticos, lo que obliga a la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra a adoptar una postura mucho más cautelosa respecto de los recortes de tasas.
En paralelo, Reuters advierte que la interrupción de los flujos energéticos desde Medio Oriente eleva el riesgo de una inflación importada persistente. En otras palabras, la guerra en Irán ya se está trasladando del terreno militar al monetario.
El tercer canal —menos visible, pero potencialmente igual de determinante— es el de los fertilizantes.
Aquí reside una de las dimensiones más subestimadas de la coyuntura. Más del 30% de las exportaciones globales de fertilizantes nitrogenados, así como insumos clave como el azufre, atraviesan el estrecho de Ormuz.
De acuerdo con el Financial Times, el precio de la urea granular en Medio Oriente ha aumentado en torno a $130 por tonelada, alcanzando niveles de entre US$575 y $650 desde el inicio del conflicto. Bloomberg reporta que en Estados Unidos el alza ha sido igualmente abrupta.
Este encarecimiento no solo impacta al sector agrícola: eleva los costos de producción, condiciona las decisiones de siembra y se traduce, con rezago, en mayores precios de los alimentos, reforzando así la presión inflacionaria global.
Desde una perspectiva geopolítica, lo que estamos presenciando es la transformación de un conflicto bélico en una crisis sistémica de interdependencia.
Petróleo, gas y fertilizantes son bienes estratégicos porque conectan seguridad, comercio, alimentación, inflación, política monetaria y estabilidad social. Cuando una guerra afecta estos nodos, deja de ser un fenómeno regional para convertirse en un factor de riesgo global. Impacta decisiones de bancos centrales, presiona presupuestos públicos, tensiona balanzas de pagos y condiciona la gobernabilidad interna en múltiples países.
El Banco de Pagos Internacionales ha advertido que una escalada prolongada podría amplificar significativamente el impacto económico global, elevando la volatilidad financiera y tensionando aún más las posiciones fiscales.
La consecuencia macroeconómica más evidente es el retorno del riesgo de estanflación: más inflación con menor crecimiento. Goldman Sachs estima que un aumento del petróleo a $100 por barril podría reducir el crecimiento global en 0.4 puntos porcentuales. Incluso en escenarios menos extremos, se proyecta una combinación de menor expansión económica y mayor inflación.
Este contexto explica por qué los mercados han comenzado a moderar sus expectativas de recortes de tasas. Lo que parecía una transición hacia condiciones financieras más laxas podría transformarse en una nueva fase de prudencia monetaria.
Europa, pese a no querer involucrarse directamente en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, se ha convertido en uno de los actores más afectados por sus consecuencias. El conflicto ha disparado los precios de la energía, especialmente del gas, debido a la disrupción en el estrecho de Ormuz y a la interrupción de la producción de GNL en Qatar.
Aunque Europa depende relativamente poco del Golfo, enfrenta una fuerte competencia con Asia por suministros alternativos, lo que ha elevado los precios a niveles no vistos desde 2023 y reavivado el riesgo de una nueva crisis energética similar a la de 2022.
Este shock energético amenaza con agravar la ya débil recuperación económica europea, aumentando la inflación y afectando la competitividad industrial frente a China. Al mismo tiempo, genera importantes consecuencias políticas internas, especialmente en países como Francia, donde el aumento del costo de vida podría debilitar al centro político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y fortalecer a fuerzas antiestablishment como la extrema derecha de Marine Le Pen.
En el plano de la seguridad energética, el conflicto está tensionando la estrategia europea de desvinculación del gas ruso. En este contexto, el primer ministro belga, Bart De Wever, propuso normalizar las relaciones con Rusia para acceder a energía más barata, una idea que ha sido rechazada públicamente pero que, según él, cuenta con apoyo privado entre varios líderes europeos. Así, Europa se enfrenta a un dilema estratégico: asumir los costos de una guerra ajena o reconsiderar su ruptura con Rusia en un contexto de creciente vulnerabilidad energética.
Asia —en particular economías clave como India, Japón, Corea del Sur y, en menor medida, China— se perfila como una de las regiones más expuestas al shock energético derivado del conflicto. Altamente dependientes de importaciones de petróleo y gas, estos países enfrentan un deterioro inmediato de sus términos de intercambio.
Según estimaciones recogidas por The Wall Street Journal, el alza de los precios energéticos en los primeros días de la crisis ya ha generado costos adicionales por miles de millones de dólares para las economías asiáticas, presionando cadenas industriales intensivas en energía —como la petroquímica, el acero y la manufactura— y complicando la gestión macroeconómica.
En Estados Unidos, aunque la economía es menos dependiente de importaciones energéticas, el impacto se transmite rápidamente a través de los precios de la gasolina y el diésel, con efectos visibles sobre la inflación y el ingreso real de los hogares.
Este canal tiene un alto contenido político: el aumento del costo de vida erosiona la confianza del consumidor y eleva la sensibilidad electoral en un año de elecciones legislativas de medio término (3 de noviembre), en las que el presidente Trump arriesga perder el control de una o ambas cámaras del Congreso. De materializarse ese escenario, su margen de maniobra política se reduciría significativamente, afectando la gobernabilidad y condicionando su agenda para la segunda mitad del mandato.
Para las economías emergentes, el panorama es aún más delicado. Aquellas con alta dependencia de importaciones energéticas y de fertilizantes enfrentan una triple presión simultánea: aceleración inflacionaria, deterioro de las cuentas fiscales —por mayores subsidios o costos de importación— y un estrechamiento del espacio de política monetaria.
En contextos de elevada deuda, monedas débiles y acceso restringido a financiamiento externo, este shock puede desencadenar dinámicas de inestabilidad macroeconómica, incluyendo depreciaciones abruptas, salidas de capital y aumentos del riesgo país. A ello se suma el impacto social: el encarecimiento de alimentos y energía tiende a amplificar tensiones distributivas y riesgo de protestas, particularmente en economías con redes de protección social limitadas.
En conjunto, el episodio ilustra con claridad cómo un conflicto geopolítico localizado puede traducirse rápidamente en un shock global, con efectos asimétricos pero potencialmente desestabilizadores para el sistema económico internacional.
Por su parte, en América Latina, los efectos de este shock ya comienzan a hacerse visibles, aunque de manera heterogénea. Para los países exportadores de hidrocarburos —como Brasil, Colombia, Venezuela, Brasil o Argentina— el alza de los precios del petróleo puede generar un alivio fiscal de corto plazo y mejorar los términos de intercambio.
Sin embargo, este beneficio es parcial y volátil: en economías como la colombiana, donde la dependencia de los combustibles convive con vulnerabilidades fiscales y presiones sociales, el impacto neto puede terminar siendo ambiguo.
En contraste, para los países importadores netos de energía —particularmente en Centroamérica y el Caribe— el encarecimiento del petróleo y del gas se traduce rápidamente en mayores costos de generación eléctrica, presión sobre subsidios y deterioro de las cuentas externas.
El canal de los fertilizantes introduce un segundo nivel de vulnerabilidad. Economías agrícolas relevantes como Brasil y Argentina —dos de los mayores consumidores mundiales de fertilizantes— enfrentan un aumento significativo de costos que puede afectar la próxima campaña agrícola, con efectos sobre la producción, los precios internos de los alimentos y las exportaciones.
En países andinos como Perú, donde las elecciones generales están previstas para el 12 de abril de 2026, con un casi seguro balotaje presidencial el 7 de junio, el encarecimiento de insumos agrícolas y de alimentos básicos puede convertirse en un factor adicional de tensión social y volatilidad política en un contexto ya marcado por alta fragmentación e incertidumbre.
Finalmente, el impacto geoeconómico del conflicto se superpone con un calendario electoral particularmente exigente en América del Sur. Además de las elecciones peruanas ya mencionadas, Colombia celebrará la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, una segunda vuelta el 21 de junio de 2026.
Brasil, por su parte, acudirá a las urnas el 4 de octubre de 2026, con una eventual segunda vuelta prevista para el 25 de octubre de 2026. Ambos procesos se desarrollarán en un entorno marcado por presiones inflacionarias, volatilidad cambiaria y un estrechamiento del espacio fiscal, factores que tienden a amplificar la incertidumbre política y económica.
En este contexto, el shock externo derivado de la guerra en Irán no solo impacta sobre variables macroeconómicas clave — precio de la energía, mayor inflación, aumento de la incertidumbre financiera, encarecimiento de los fletes internacionales— sino que también puede reconfigurar las agendas de las campañas, alterar las prioridades del electorado e intensificar la competencia política en escenarios ya altamente polarizados y fragmentados.
La combinación de deterioro del ingreso real, mayor sensibilidad social frente al costo de vida y restricciones fiscales más severas eleva el riesgo de respuestas de política de corto plazo —potencialmente procíclicas— y tensiona aún más la gobernabilidad en democracias que ya operan bajo elevados niveles de estrés institucional.
La geopolítica domina a la economía
La guerra en Irán confirma que, en la coyuntura actual, la geopolítica domina a la economía más de lo que la economía logra contener a la geopolítica. Durante décadas se asumió que la interdependencia comercial actuaría como un factor de moderación. Hoy ocurre lo contrario: esa interdependencia se ha convertido en un instrumento de poder.
La disrupción de corredores estratégicos, energía, fertilizantes o cadenas de suministro es ahora una herramienta central de la competencia global. Esa es la lógica de la geoeconomía contemporánea.
Cuando la geoeconomía se tensiona, el impacto es transversal: la política monetaria se endurece, la seguridad alimentaria se deteriora, las cadenas logísticas se encarecen, los déficits fiscales aumentan y el malestar social se intensifica.
Consecuencia de todo ello, el conflicto en Irán no solo está encareciendo la energía, el gas y los fertilizantes; está redefiniendo las condiciones del crecimiento global, reconfigurando las expectativas inflacionarias y confirmando que, en el nuevo entorno internacional, las fracturas geopolíticas se transmiten cada vez con mayor rapidez a la economía real. La verdadera amenaza no es solo un petróleo más caro, sino una economía global más frágil, más inflacionaria, más fragmentada y más expuesta a los shocks económicos.
Pensar lo impensable
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió recientemente en Japón que la economía global atraviesa una etapa de alta incertidumbre y choques sucesivos, agravados por la guerra en Irán y sus efectos sobre rutas críticas como el estrecho de Ormuz. Este contexto, sumado a crisis recientes como la pandemia, la guerra en Ucrania y el aumento del costo de vida, configura un escenario de volatilidad persistente en el que —según subrayó— incluso si el actual conflicto se resuelve, es probable que nuevas crisis emerjan rápidamente.
En este contexto, Georgieva articuló tres prioridades de política claramente definidas: en primer lugar, reforzar la calidad institucional y los marcos de política económica para sostener economías más resilientes y orientadas al crecimiento; en segundo término, gestionar con prudencia y eficiencia los instrumentos fiscales, monetarios y de reservas, a fin de preservar márgenes de maniobra frente a shocks adversos; y, en tercer lugar, garantizar capacidad de respuesta ágil y flexible ante episodios de volatilidad y disrupción.
Su mensaje de fondo es inequívoco: en un entorno global crecientemente incierto y propenso a turbulencias y extrema volatilidad, la anticipación estratégica, la fortaleza institucional y la rapidez en la toma de decisiones serán factores decisivos para contener riesgos y preservar la estabilidad macroeconómica. De ahí su advertencia más contundente dirigida a los gobiernos: la necesidad de “pensar en lo impensable” y prepararse para escenarios extremos no es una opción, sino una condición indispensable para navegar la nueva normalidad global.
El autor es director y editor de Radar LATAM 360
