Decenas de miles de personas se manifiestan este sábado por cuarto día consecutivo en Colombia para exigir el retiro de una reforma tributaria que, según denuncian, castiga a la clase media en plena pandemia.
El anuncio realizado la víspera por el presidente Iván Duque de que reformulará el proyecto, retirando las propuestas más polémicas, como el aumento del IVA a bienes y servicios, no calmó los ardores de los manifestantes convocados por el Comité Nacional de Paro.
“No basta solo con retraer la reforma. (Fue) la cereza sobre el pastel, pero todo el manejo que se dio a la pandemia y todo lo que ha sucedido con este gobierno simplemente nos estalló en la cara”, dijo a la AFP María Teresa Flores, filósofa de 27 años en Bogotá.
En plena tercera ola de covid-19, sindicatos, estudiantes, indígenas, oposición y otras organizaciones de la sociedad civil nuevamente tomaron las calles de las principales ciudades en el día internacional de los trabajadores y las trabajadoras, al ritmo de los cacerolazos.
“Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país”, un gobierno decida “hacer una reforma tributaria (que) termina empobreciendo más al pueblo”, lamentó Julián Naranjo, administrador ambiental, cerca de la central Plaza de Bolívar en Bogotá.
Además de la capital, las manifestaciones se hicieron sentir con fuerza en Cali (suroeste) y Medellín (noroeste), así como en Barranquilla, Cartagena (norte) y ciudades intermedias.
La reforma, planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana para mantener ayudas a poblaciones vulnerables en pandemia, suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar el miércoles, e incluso el partido de gobierno le hizo reparos.
En los días siguientes se mantuvieron las protestas de forma menos concurrida, y este sábado retomaron con mayor intensidad.
En respuesta a los disturbios que se dan en el centro y el suroeste del país, el gobierno decidió militarizar la ciudad de Cali, capital de 2,2 millones de habitantes del Valle de Cauca, con la llegada de unos 3.000 soldados y policías.
Desde esa urbe, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que los desmanes fueron orquestados por “organizaciones criminales”, entre las que se encuentran disidencias que no se acogieron al pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016.
De momento el gobierno mantiene silencio sobre la cantidad de civiles heridos en los últimos días, y solo reconoce un muerto, a pesar de que se multiplican denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública.
