La Cámara de Diputados de México aprobó este martes reformas constitucionales que prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, con penas de hasta ocho años de prisión por su venta.
Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores -de mayoría oficialista- avalaron el dictamen derivado de una iniciativa enviada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
El dictamen reforma la Ley General de Salud “en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares”, y establece penas de uno a ocho años de cárcel por su venta.
También impone una multa equivalente de 100 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) -una unidad económica en México-, equivalente a entre 11.314 pesos y 226.280 pesos (unos 621 dólares a 12.430 dólares) por la venta de estos dispositivos.
En concreto, la reforma prohíbe “en todo el territorio nacional” la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, así como “todos los actos de publicidad o propaganda” para su consumo.
Y define a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos similares como “todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilizan para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora”.
La iniciativa también reconoce al “vapeo como una amenaza a la salud pública”, lo que permitirá implementar políticas públicas para “disminuir la dependencia a su uso, proteger a grupos vulnerables, y asegurar el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios”, apuntó el Legislativo en un comunicado.