El general retirado Henry Torres, que fue comandante de la XVI Brigada del Ejército colombiano, y otros 17 exmiembros de esa institución reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por “falsos positivos” cometidos entre 2005 y 2008, cuando 296 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros.
Torres Escalante reconoció ante la JEP su responsabilidad en los casos de falsos positivos en los que fue imputado y aceptó “los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas”, informó el tribunal en un comunicado este jueves.
También reconocieron su máxima responsabilidad en calidad de coautores de crímenes de guerra y de lesa humanidad los coroneles Wilson Camargo Tamayo, Henry Hernán Acosta Pardo y Marcolino Puerto Jiménez; los mayores Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jorge Edwin Gordillo Benítez y Erwin Eduardo Duarte Rojas; los capitanes Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava, y los tenientes Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama.
Igualmente lo hicieron dos sargentos primeros, dos sargentos segundos, un cabo primero, un cabo segundo y un civil.
La imputación se da en el caso de “falsos positivos” que investiga el alto tribunal, en el que condenó las desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008, que supusieron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Según el auto emitido el pasado 14 de julio, en la Brigada XVI “se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en (el departamento de) Casanare entre 2005 y 2008″, además de apuntar a “masividad de una conducta que permeó” la unidad.
Por ello, la JEP llamó a reconocer su responsabilidad por su participación en el asesinato de 296 personas en 212 eventos ocurridos a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes, y estableció como fecha límite el 8 de noviembre para que todos los comparecientes reconocieran los hechos que les fueron imputados o los rechazaran.
El siguiente paso será que la JEP fije mediante auto la fecha para la audiencia pública de reconocimiento, como las que ya se realizaron dentro de los subcasos del departamento de Norte de Santander y de la región de la Costa Caribe.