Organizaciones de derechos humanos de El Salvador rechazaron este jueves una ley de reconciliación que aprobó el Congreso para dejar impunes crímenes graves cometidos durante la guerra civil (1980-1992), al considerarla una “fuente de impunidad”.
La ley fue aprobada la noche del miércoles en una rápida sesión convocada sorpresivamente por el presidente del Congreso, Mario Ponce. Sin embargo, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, adelantó que la vetaría.
“Lo hecho por la Asamblea Legislativa es un acto irresponsable y de desprecio a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el conflicto”, dijo a la AFP el presidente de la ONG Tutela Legal María Julia Hernández, Ovidio Mauricio.
"No hay muestra de acabar con la impunidad. Al contrario, esta ley es fuente de impunidad", agregó.
La Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional será aplicable a toda persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad o de guerra "constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario" durante el conflicto.
La ley indica en su artículo 61 que a las personas condenadas por graves crímenes se les podrá conmutar la sentencia por "razones de salud, edad o similares, independientemente de la pena".
En su lugar "se les podrá otorgar cualesquiera de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad".
Según Mauricio, el artículo implica que "cualquiera que sea condenado puede fácilmente aducir razones de salud o edad para que le conmuten la pena y no tener prisión y a eso se le llama impunidad".
Por otra parte, el exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, criticó que la normativa da potestad a los jueces para reducir "hasta una cuarta parte" las penas por crímenes de lesa humanidad o de guerra de los imputados, con solo aceptar su participación y pedir perdón a las víctimas.
"Hay aberraciones jurídicas en esta ley", sostuvo Morales.
La ley será enviada a Bukele para su ratificación, aunque el mandatario adelantó que se trata de una "amnistía disfrazada".
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, admitió la posibilidad de solicitar a la Corte Suprema declarar inconstitucional la nueva normativa.
“La justicia no se debe esquivar con artimañas y si en realidad se desea que haya reconciliación, se debe permitir la justicia”, agregó Montenegro.