La ONU identificó “graves violaciones” de los derechos humanos por agentes estatales en las protestas de este año en Colombia que incluyen el homicidio de al menos 28 civiles, según un duro informe difundido este miércoles 15 de diciembre por la oficina de derechos humanos del organismo.
En un documento de 63 páginas, la delegación en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas encontró “razones fundadas” para sostener que en las movilizaciones del 28 de abril al 31 de julio las autoridades incurrieron en el “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza”.
La acción abusiva de agentes estatales derivó en homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo.
La oficina verificó 46 muertes, 44 civiles y dos policías. “En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública” y en “10 habrían sido actores no estatales”, se lee en el informe. En los demás casos, añade la ONU, no pudo identificar al presunto agresor.
Estas cifras riñen con las de la fiscalía colombiana que dan cuenta de 29 homicidios durante la agitación social.
En abril estalló un inédito movimiento nacional de protesta que se extendió por meses y envolvió a las principales ciudades. Cientos de miles de personas salieron a diario a las calles en rechazo al alza de impuestos que proponía el gobierno y que finalmente archivó ante la presión popular.
La movilización, que encabezaron los jóvenes sin empleo o estudio, dejó al descubierto la crisis social y económica agravada por la pandemia en uno de los países más desiguales del mundo y con una informalidad que ronda el 50% de los trabajadores.
Duramente reprimidas por la policía, las manifestaciones que pedían un Estado más solidario se tornaron violentas.
Según la ONU, entre los abusos que pudo verificar están los de “16 víctimas de violencia sexual” a manos de la fuerza pública.
Al mismo tiempo pudo documentar “graves acciones de violencia” contra agentes estatales, además de la destrucción de bienes públicos y privados. “La Oficina conoció algunas situaciones de bloqueos y cierres de vías que afectaron negativamente o impidieron el ejercicio y disfrute de derechos humanos”, anotó.
