Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron este miércoles al Congreso una acusación para destituir al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los Pandora Papers.
Piñera usó “su cargo para negocios personales”, dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse por varias semanas.
Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno “no tiene fundamento alguno”, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).
Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso a la AFP.
De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.
La publicación de los Pandora Papers hace casi dos semanas colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien ha defendido su inocencia alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer Gobierno, por lo que no tuvo participación en la venta de Dominga.
De acuerdo a una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, en un negocio realizado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.
Según la investigación, el pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.
El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.
