La escalada de violencia en vísperas de las elecciones en Colombia llevó al organismo estatal que vela por los derechos humanos a suspender sus misiones sobre el terreno, según una comunicación interna filtrada por los medios este lunes.
“En atención a la grave situación de orden público presentada en los últimos días por parte de grupos armados al margen de la ley (...) se suspenden todas las comisiones al terreno”, se lee en la circular de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) fechada el 24 de febrero y cuya autenticidad fue confirmada por el organismo.
En consecuencia, sus funcionarios solo podrán desplazarse “de forma excepcional y por estrictas necesidades de servicio”, agrega el mensaje firmado por el director Carlos Camargo.
Con un presupuesto anual equivalente a unos 185 millones de dólares, la Defensoría cuenta con una amplia red de vigilancia que informa sobre hechos de violencia o alerta tempranamente sobre el riesgo de confinamientos, desplazamientos, masacres y demás acciones de los grupos armados que se disputan el narcotráfico y otras rentas ilegales.
Suspender sus misiones “demuestra el deterioro de la violencia y la grave desprotección de las comunidades”, anotó en Twitter Juan Pappier, investigador de la ONG Human Rights Watch.
Ante el escándalo por la filtración, la Defensoría intentó mediante un tuit matizar la directiva aclarando que no eliminará las misiones, sino que aprovechará su interrupción para “revisarlas y priorizarlas”.
“Si bien la situación en zonas remotas del país es grave, la Defensoría históricamente ha garantizado su presencia en los territorios”, agregó Pappier, quien acusó a Camargo de estar “al borde de un incumplimiento de su mandato”.
Colombia atraviesa por el peor rebrote de violencia tras firmar la paz con la guerrilla de las FARC en 2016. En varios puntos la seguridad se ha deteriorado todavía más de cara a los comicios parlamentarios del 13 marzo y las presidenciales de finales de mayo.
Disidentes del pacto de paz, bandas narcotraficantes y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida del país, luchan a sangre y fuego en zonas apartadas ante el vacío de poder dejado por los rebeldes marxistas de las FARC.
En 2021 el país registro casi 100 masacres y más de 70,000 desplazados, según la ONU.
Alrededor del 28% de los 1,100 municipios corren el riesgo de un fraude electoral por la presión de grupos armados, entre otras amenazas, según alertó la ONG Misión de Observación Electoral (MOE).
