La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) debe iniciar lo antes posible una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, urgió el lunes un panel de expertos internacionales independientes de la OEA, que hizo esta recomendación hace tres años.
“Cualquier retraso sería inapropiado y sólo produciría mayores daños al pueblo venezolano, y permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos”, alertó, según un comunicado de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El grupo de especialistas fue convocado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y está integrado por los juristas Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá).
El panel dijo que “corresponde anunciar el comienzo de la investigación” sobre Venezuela luego de que una sala de cuestiones preliminares del tribunal rechazara el 2 de julio un pedido de control judicial presentado por el gobierno de Nicolás Maduro por considerarlo “improcedente”.
La exfiscal Fatou Bensouda dijo a finales de 2020 que existía “una base razonable” para creer que en Venezuela se cometieron crímenes “que competen” a la CPI. En junio, al dejar el cargo, Bensouda señaló que tenía intención de abrir la pesquisa, pero a último minuto un recurso presentado por Caracas le había impedido hacerlo.
El informe del panel de la OEA, remitido en septiembre de 2018 a la Fiscalía de la CPI, dio cuenta de asesinatos, encarcelaciones, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual contra opositores en Venezuela, así como persecuciones y desapariciones forzadas, con evidencias que se remontaban “por lo menos al 12 de febrero de 2014”.
El gobierno de Maduro, en el poder desde 2013, ha dicho que el caso en su contra fue creado “artificialmente”, y envió varios informes a la Fiscalía de la CPI para contrarrestar lo que describió como “una gran farsa”.
La CPI, con sede en La Haya, se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países, incluido Venezuela, que entró en vigor en 2002.
La Fiscalía de la CPI examina la situación de Venezuela desde febrero de 2018, tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de abril de 2017 que dejaron al menos 125 muertos.
