El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, informó que discutirá este jueves el proyecto de una ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la liberación de los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad.
El proyecto se someterá a una primera discusión -pautada a las 12:00 hora local (16:00 GMT) de este jueves- y luego debe superar una segunda aprobación en otra sesión parlamentaria para quedar sancionado. Luego de esto, la ley se remite al presidente, quien la firma, y entra en vigencia una vez se publique en Gaceta Oficial.
La ONG Acceso a la Justicia recordó en X que en la primera discusión se “evalúa la exposición de motivos, el alcance y viabilidad del proyecto” y, además, “se discute el articulado de manera general”.
Esta y otras organizaciones no gubernamentales criticaron que el contenido del proyecto de la denominada ‘Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática’ aún no sea público.
A juicio de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), esta es una “omisión incompatible con los principios de transparencia, participación democrática y los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
“El hermetismo acerca de este proyecto impide un análisis serio sobre su alcance, sus criterios de inclusión y exclusión, y sus posibles efectos jurídicos, lo que compromete su legitimidad”, subrayó JEP en su cuenta de X.
“Sin transparencia, sin participación y sin estándares claros, la amnistía corre el riesgo de convertirse en un acto político sin efectos reales en la protección de los derechos humanos”, añadió.
Por tanto, exigió la publicación del “texto íntegro” del proyecto de la ley para que “las víctimas, defensores de derechos humanos, expertos independientes y la sociedad civil puedan revisarlo, formular observaciones y advertir sobre posibles violaciones a los estándares internacionales”.
El pasado viernes, Delcy Rodríguez anunció la propuesta de la ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, período que abarca los gobiernos del chavismo.
Sin embargo, precisó entonces que esta propuesta excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.