Paro en la mayor región boliviana cierra con choques entre civiles y policías

Paro en la mayor región boliviana cierra con choques entre civiles y policías
Un hombre detona un petardo durante una protesta en Santa Cruz (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejón

Los enfrentamientos entre manifestantes y policías, unos con petardos y otros con gases lacrimógenos, marcaron las horas finales de la huelga cumplida este viernes en Santa Cruz, la mayor región boliviana, contra el encarcelamiento de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho.

Los choques comenzaron a media tarde en los alrededores del Cristo Redentor, un monumento emblemático de la ciudad de Santa Cruz, capital de la región homónima, desde donde un grupo reducido de personas se dirigió a la sede del Comando Departamental de la Policía para protestar por la detención de Camacho.

Los movilizados buscaban avanzar detonando petardos, a lo que los uniformados respondieron lanzando gases lacrimógenos.

A medida que avanzaron las horas, más gente se sumó a la protesta por todos los flancos, con la intención de cercar y tomar el edificio del comando policial, constató EFE.

A causa de los petardos, fuegos artificiales y gases lacrimógenos se registraron incendios en algunas viviendas y al menos tres vehículos quedaron calcinados.

Un grupo de policías antimotines con base en la zona norte de la ciudad se disponía a ir a reforzar a sus camaradas en el comando, pero los vecinos les cerraron el paso y allí también hubo enfrentamientos.

El paro fue convocado a instancias de una “Asamblea de la Cruceñidad”, que reúne a las principales entidades locales y organizaciones civiles de esa región, tras la detención y traslado de Camacho a La Paz en un cuestionado operativo policial.

Además de la huelga, la asamblea también desconoció al comandante departamental de la Policía, Jhonny Chávez, a quien los líderes regionales señalaron de haberse “prestado a este vil acto atentatorio contra la vida” del gobernador.

La molestia de los cruceños con la Policía Boliviana se remonta a la huelga de 36 días entre octubre y noviembre por la realización del censo de población, durante la cual los uniformados reprimieron varias veces las protestas y se les acusó de actuar con parcialidad a favor de grupos oficialistas que se movilizaron para contrarrestar el paro.


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