Pedro Castillo es trasladado al mismo penal en que está preso Alberto Fujimori

Pedro Castillo es trasladado al mismo penal en que está preso Alberto Fujimori
El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, sale detenido en un vehículo policial de la Prefectura de Lima. EFE/ Renato Pajuelo

El destituido presidente peruano Pedro Castillo fue conducido este miércoles al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.

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Fiscalía abre investigación preliminar a Pedro Castillo por rebelión y conspiraciónPedro Castillo fue detenido tras un intento de autogolpe en Perú

Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

Según pudo constatar EFE, Castillo salió esposado de la Prefectura de Lima.

Mientras era conducido a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía Nacional hacía su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el ex jefe de Estado.

El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.

Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.

La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.


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