El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes que las negociaciones que se hagan en el país con grupos armados deben partir del cese de hostilidades contra civiles, luego de visitar el departamento del Cauca donde se ha recrudecido la violencia de la principal disidencia de las FARC con la que el Gobierno busca iniciar un diálogo de paz.
”Cualquier negociación en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil”, dijo Petro en una declaración en Popayán, capital del Cauca, en el suroeste del país.
En esa región, históricamente una de las más golpeadas por el conflicto armado, el fin de semana fueron asesinados cuatro policías y secuestrado un militar en una emboscada y dos ataques con coches bombas que fueron atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, liderada por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”.
Según el presidente, el cese de hostilidades contra civiles es el camino pues “ni el secuestro, ni el confinamiento, ni la extorsión, ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni de excombatientes que han firmado la paz, ni el ataque a comunidades indígenas, a sus autoridades afros o mestizas pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz”.
SUSTITUCIÓN DE ECONOMÍAS ILÍCITAS
”Un acuerdo de paz es básicamente acabar la hostilidad con la población civil en primer lugar y, en segundo lugar, aceptar el tránsito de las economías ilícitas hacia economías lícitas; incluso los combatientes actuales pueden hacer parte de esas economías lícitas para vivir de ellas en tranquilidad y en paz”, agregó el presidente.
En ese sentido aseguró que la estrategia en el Cauca “se va a centrar en primer lugar en una sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento, en economías lícitas, básicamente economías cafeteras”.
En el Cauca hay vastas extensiones de cultivos de coca y de marihuana, así como laboratorios para el refinamiento de esta última y explotación ilegal de minas, actividades que son controladas por distintos grupos armados.
Con el fin de “salir de la base económica de la violencia”, el Gobierno impulsará esa política, de la que dijo Petro que estará acompañada por presencia militar y policial profesional.
”La función de la fuerza pública a partir de hoy es paralizar en tierra y mar las economías ilícitas del departamento y propiciar que la población que aún tiene que vivir bajo esas economías ilícitas pueda transitar con el apoyo del Gobierno nacional hacia las economías lícitas”, subrayó.