La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) confía en que el presidente panameño Juan Carlos Varela cumpla su promesa de ser el “portavoz de los reclamos de la prensa independiente” para que en la próxima Cumbre de las Américas se establezca un clima “sin restricciones, acosos, agresiones y medidas legales coercitivas que afectan la libertad de prensa y de expresión en nuestro continente”.
Varela asumió públicamente el reto el pasado sábado durante la inauguración oficial de la asamblea de medio año de la SIP, a solicitud del presidente de ese organismo regional, Gustavo Mohme. Ese día, el gobernante también suscribió la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión, “un hecho alentador en medio de la difícil situación en la que la prensa libre de las Américas desempeña su papel”.
Mohme informó que se hacen gestiones para que la SIP tenga una delegación que la represente en la Cumbre, que se celebrará el 10 y 11 de abril en el centro de convenciones Atlapa.
Estos señalamientos están contenidos en el documento sobre las conclusiones de la asamblea, que hoy culmina sus sesiones en Panamá.
El informe registra que en el último semestre fallecieron ocho comunicadores en Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú, y se registraron “centenares de casos” de agresión física y sometimientos judiciales que afectan a periodistas y medios. Se incluye también el caso de dos periodistas –uno de México y otro de Argentina- que se exiliaron luego de recibir amenazas a su integridad, “engrosando así una larga lista que encabezan los periodistas venezolanos con más de 400 de ellos diseminados en 34 países”.
“Al compás de este estado de inseguridad se ha observado, por igual, cómo se fortalece y se generaliza la tendencia a aprobar medidas legales regulatorias y normas 'éticas' que limitan la libertad de expresión mediante la discriminación en la distribución de la publicidad oficial y el incremento de distintas modalidades de censura”, reza el documento.
En Ecuador se han aplicado más de 30 sanciones a medios, periodistas y caricaturistas y cerrado dos estaciones de radio, desde la aprobación de una ley de comunicaciones que crea un “órgano supervisor” que otorga al Ejecutivo mecanismos para controlar el contenido editorial de los medios. Además, se han cerrado las cuentas en redes sociales de cinco tuiteros.
Los tuiteros también han sido perseguidos en Venezuela: ocho de ellos han sido procesados en los últimos seis meses.
También resalta que en Uruguay se sancionó una ley de servicios de comunicación que crea definiciones “vagas y peligrosas” sobre el contenido de los medios. En Puerto Rico, Barbados y El Salvador persisten restricciones al acceso a fuentes e información pública. En el caso de Costa Rica, "se ha llegado al colmo de negar la información sobre la identidad de las personas que visitan la sede del Poder Ejecutivo alegándose que demasiada transparencia pone en riesgo la seguridad y la soberanía del país".
"Paralelo con estas medidas restrictivas también se observa con preocupación cómo en distintos países se incrementa el acoso tributario y la imposición de fuertes multas a medios de comunicación por sus críticas a la actividad gubernamental o por sus denuncias sobre corrupción administrativa", agrega el informe.