Ayelén Oliva - BBC News Mundo
Tras casi un mes de incertidumbre, el conservador Nasry “Tito” Asfura fue declarado este miércoles presidente electo de Honduras con el 40,26% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, festejó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después del anuncio en medio de una polémica desatada por el conteo de votos.
“Reconozco la gran labor realizada por las consejeras (del CNE) y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, agregó.
Por su parte, el candidato opositor, el centrista Salvador Nasralla, con quien disputaba la presidencia y que obtuvo el 39,39%, denunció fraude y no reconoció el resultado electoral anunciado por el CNE.
“Hay miles de actas con esta inconsistencia que ustedes pueden verificar personalmente en su celular o en su computadora (...). El problema se resuelve contando los votos que están en las urnas. No sigan engañando al pueblo”, denunció en sus redes sociales.
Pocos minutos después de anunciarse el resultado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al líder conservador que había sido respaldado por Donald Trump antes de los comicios.
“El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras”, comunicó Rubio en sus redes sociales.
“Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar rápidamente una transición pacífica del poder al presidente electo Nasry Asfura”, sostuvo Rubio.
Te contamos quién es el empresario y exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura.
‘¡Papi a la orden!’
Hijo de inmigrantes de ascendencia palestina, Nasry Juan Asfura Zablah inició su carrera pública en la Alcaldía del Distrito Central -formado por los antiguos municipios de Tegucigalpa y Comayagüela- en los años 90, ocupando cargos operativos y de gerencia en varias administraciones municipales.
Según analistas, esta primera etapa en el gobierno local consolidó su estilo pragmático, centrado en la ejecución de obras y la resolución práctica de problemas.
El apodo que lo acompañaría durante toda su carrera surgió en 2005, cuando Asfura compitió por primera vez en las primarias del Partido Nacional para la alcaldía del Distrito Central.
En aquella campaña utilizó el eslogan “¡Papi a la orden!”, una frase coloquial que buscaba transmitir cercanía y servicio. Aunque perdió esa elección interna frente a Ricardo Álvarez, el lema caló entre la militancia y el público, convirtiéndose en su marca política más reconocible.
Sin embargo, su despegue político definitivo llegó con su proclamación como alcalde del Distrito Central en 2013, puesto en el que fue reelegido en 2017, acumulando casi ocho años al frente del distrito capitalino.
En ese periodo presumió de haber impulsado 1.142 obras, entre ellas 45 proyectos de infraestructura mayor, como puentes, pasos a desnivel, túneles y ampliaciones viales diseñadas para descongestionar la capital.
También impulsó la pavimentación de más de 200 kilómetros de calles y proyectos de mitigación de inundaciones, drenajes y servicios básicos en barrios vulnerables, lo que le aportó popularidad entre muchos capitalinos.
Presentó su candidatura en las elecciones generales de 2021, que perdió frente a la actual presidenta de izquierda, Xiomara Castro.
Con la intención de postularse de nuevo, en 2025 venció con el 75,8% de los votos en las primarias internas a la exprimera dama Ana García, consolidándose como líder del nacionalismo y operando la intensa campaña que lo catapultó a la presidencia.
Las propuestas
Asfura articuló su campaña en torno a un paquete de propuestas para, en sus propias palabras, “poner a andar” el país.
Estas propuestas, estructuradas en la llamada “Visión 5 Estrellas”, combina metas económicas, sociales y medioambientales.
El primer eje, y columna vertebral de su campaña, gira en torno a la reactivación de la economía y el empleo, que para muchos analistas son los dos mayores retos pendientes de Honduras.
Asfura prometió atraer inversión privada y extranjera mediante la reducción de trámites, seguridad jurídica y alianzas público-privadas orientadas a la infraestructura y el turismo, con el objetivo explícito de aumentar el empleo regular en un país donde la informalidad supera el 70%.
El empresario también planteó eliminar regulaciones para fomentar el crecimiento, presentando la economía como un espacio que debe “destrabarse” para funcionar.
Prometió, además, digitalizar el Estado, descentralizar recursos hacia los municipios y promover la equidad en la administración pública.
En el área social, manifestó su apuesta por la expansión de la educación técnica y digital, la construcción y modernización de hospitales y la ampliación de programas de vivienda para familias de bajos ingresos.
En materia de seguridad -otro de los principales problemas del país centroamericano- prometió reforzar las capacidades de la policía y recuperar espacios públicos, apelando a una estrategia de prevención comunitaria y presencia territorial.
Su agenda ambiental se centró en la transición hacia energías renovables, la eficiencia energética y la protección de bosques y cuencas, algo que lo aleja de otros líderes conservadores en el continente.
En política exterior, Asfura propone una alianza preferente con Estados Unidos, acompañada de recuperar relaciones con Taiwán -en 2023 el gobierno de Xiomara Castro rompió lazos con la isla en favor de China- y cercanía con Israel, como parte de un bloque pro estadounidense.
Plantea usar estas relaciones para atraer inversión, cooperación y canales de migración laboral ordenada, así como distanciarse de regímenes como Venezuela, cercano al actual gobierno.
Las polémicas
El paso por la administración pública de Asfura también se ha caracterizado por una serie de controversias legales y cuestionamientos éticos.
En 2020 la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó una solicitud de antejuicio en su contra por presunto abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos, vinculados al supuesto desvío de 29,4 millones de lempiras (US$1,12 millones) de la Alcaldía del Distrito Central entre 2017 y 2018.
La Corte Suprema de Justicia frenó el proceso al determinar que debía esperarse una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, dejando sin efecto la solicitud de los fiscales.
El expediente resurgió recientemente, lo que los partidarios del exalcalde atribuyeron a una “persecución política”, denunciando que su difusión pública buscó dañarlo electoralmente.
También vio abrirse otro frente en relación con su vínculo con Sulambiente, una empresa de gestión de desechos que recibió una indemnización millonaria tras un fallido contrato en San Pedro Sula, y de la que había sido accionista.
El nombre de Asfura también apareció en los Papeles de Pandora en 2021 como presunto accionista de una sociedad offshore registrada en Panamá llamada Karlane Overseas, creada en 2007 y usada para adquirir terrenos en Tegucigalpa.
Aunque esto despertó cuestionamientos éticos, no se consideró que hubiera cometido ningún delito.
Por su parte, el candidato opositor Salvador Nasralla denunció el lunes pasado que los miembros del Consejo Nacional Electoral actúan bajo las órdenes del “crimen organizado” y no reconoce el triunfo de Asfura.
Además, acusó al expresidente Juan Orlando Hernández, indultado recientemente por el mandatario estadounidense, Donald Trump, de “fraguar” un fraude en las elecciones generales del 30 de noviembre.
El expresidente de Honduras Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria saliente Xiomara Castro, dijo horas antes de conocerse la noticia que el CNE en “abierta ilegalidad, consuma otro paso más para un golpe de Estado electoral” en Honduras.
En junio de 2009 y tras varios meses de una crisis política que enfrentó a los poderes del Estado, Zelaya fue derrocado y expulsado del país por sus propias Fuerzas Armadas, algo que el mandatario calificó como “golpe de Estado”.
La destitución de Zelaya se produjo por órdenes de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, presidida por Jorge Alberto Rivera Avilés, que lo acusó de traición a la patria y otros delitos.
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