Los asedios del régimen sirio a su población antes de alcanzar acuerdos de "reconciliación" con la oposición suponen crímenes de lesa humanidad y de guerra, dijo Amnistía Internacional.
En un informe titulado We leave or we die, Amnistía analizó cuatro acuerdos locales a los que, según la organización, precedieron asedios ilegales y bombardeos destinados a forzar a los civiles a abandonar sus hogares.
"Los asedios, asesinatos arbitrarios y desplazamientos forzados por las fuerzas gubernamentales forman parte de un ataque sistemático y generalizado a la población civil, y por tanto constituyen crímenes de lesa humanidad", dice el informe.
Tanto el gobierno sirio como las fuerzas de oposición atacaron indiscriminadamente a los civiles en los prolongados asedios previos a los acuerdos alcanzados entre agosto de 2016 y marzo de 2017.
"El Gobierno sirio y, en menor grado, los grupos de oposición armados impusieron asedios en áreas con gran densidad de población, privando a los civiles de alimentos, medicinas y otras necesidades básicas, en violación del derecho humanitario internacional", señala Amnistía.
Tales acciones del régimen sirio en Daraya, Madaya, el este de la ciudad de Alepo y el barrio de Al Waer, en la ciudad de Homs, suponen crímenes de guerra. También se halló que grupos de oposición usaron las mismas tácticas en los asedios de Kafraya y Foua, cometiendo crímenes de guerra con sus ataques indiscriminados contra civiles.
En el este de Alepo, Amnistía documentó 10 ataques entre julio y diciembre de 2016 en los que el régimen presuntamente atacó barrios "muy lejanos del frente y sin aparentes objetivos en el vecindario". El informe también documenta un total de ocho ataques por parte de las fuerzas de la oposición en el oeste y el norte de la ciudad de Alepo, entre agosto y noviembre del año pasado, en los que se emplearon unas armas denominadas "cañones del infierno" contra los civiles.
La organización de defensa de los derechos humanos indicó que llevó a cabo la investigación empleando vídeos e imágenes satelitales junto con entrevistas a 134 personas, entre ellas residentes y funcionarios de la ONU, entre abril y septiembre de este año.
Amnistía reclamó a la comunidad internacional que remita la situación en Siria a la Corte Penal Internacional y que reclame un acceso sin trabas al país a quienes investigan las violaciones de los derechos. Más de 330 mil personas murieron en Siria y hay millones de desplazados desde que comenzó el conflicto, en marzo de 2011.