Tras dos años, la muerte aún sin esclarecer del fiscal Alberto Nisman es epicentro de una enmarañada causa judicial, marcada por las oscilaciones de la política argentina, mientras sigue sin resolver el atentado al centro judío AMIA en 1994, que él investigaba.
Nisman fue hallado muerto en el baño de su apartamento con un tiro en la cabeza, el 18 de enero de 2015, y la justicia todavía no puede determinar si se suicidó o fue asesinado, como supone su familia.
Junto a su cuerpo estaba una pistola Barsa 22, de donde salió la bala, y que el fiscal había pedido prestada a un colaborador de su fiscalía, el asesor informático Diego Lagomarsino, el único procesado.
Al día siguente, Nisman, quien investigó por más de una década el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó 85 muertos en 1994, debía explicar en el Congreso su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner (2007-2015), a quien acusó de intentar encubrir a iraníes acusados del atentado a cambio de acuerdos comerciales.
Según Kirchner, el acuerdo con Irán —luego declarado inconstitucional— estaba destinado a que un juez argentino pudiera indagar en Teherán a los acusados, entre ellos el recientemente fallecido expresidente Alí Rafsanjani.
La muerte del fiscal se coló en 2015 en la campaña electoral que llevó a la presidencia a Mauricio Macri (centroderecha).
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) convocó a un acto en homenaje a Nisman frente a la sede de la Unidad Especial de investigación del atentado a la AMIA, cerca de la Plaza de Mayo.
"Será un acto respetuoso, muy medido, como los oradores, se trató de buscar gente no contaminada por cuestiones partidarias", aseguró el expresidente de la DAIA y diputado macrista Waldo Wolf, uno de los organizadores.
Nisman tendrá además un monumento en la ciudad israelí de Naharía, levantado por la Organización de Latinoamericanos en Israel.
