La Justicia peruana declaró este lunes culpable al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht y lo condenó a 20 años y seis meses de cárcel, lo que le convierte en el primer exmandatario de su país que cumplirá una condena por este caso de corrupción.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por Zaida Pérez, aceptó plenamente la petición del Ministerio Público e impuso a Toledo nueve años de cárcel por colusión y once años y seis meses por lavado de activos.
“En el delito de colusión, el tribunal sostiene que se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación de la referida obra, actos ilícitos vinculados a Toledo Manrique”, indicó el Poder Judicial en la red social X.
La sentencia considera que el exmandatario favoreció a la constructora brasileña en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil, entre 2004 y 2005.
También afirma que Toledo, de 78 años, “se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima de 35 millones de dólares, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado”.
“Todas estas irregularidades constituyen y evidencian una clara concertación entre un funcionario, primera autoridad del Estado, y los privados. Esta conducta defrauda al Estado”, señala.
Además, resalta que el expresidente, para hacerse con el dinero del soborno, “convenció a su amigo Josef Maiman (empresario israelí fallecido) de que sea su intermediario y reciba, a través de sus empresas creadas, la coima de Odebrecht”.
Toledo es el primer expresidente peruano condenado por el megacaso de corrupción de Odebrecht.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez afirmó a la salida de la audiencia que la sentencia es “histórica”, “ejemplar” y muestra que la corrupción no queda impune en Perú gracias al trabajo de la Justicia y el Ministerio Público.
