La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha decretado el martes 10 de junio el toque de queda en el centro de la localidad californiana, que estará en vigor hasta las 6.00 horas del día siguiente, una medida tomada en el marco de las protestas desatadas desde la semana pasada contra las redadas migratorias ejecutadas por el Gobierno de Donald Trump y en medio del choque entre administraciones por el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el mandatario.
“El toque de queda en el centro de Los Ángeles estará en vigor desde las 20.00 horas (hora local, 5.00 hora peninsular española) del martes hasta las 6.00 de la mañana (hora local, 15.00 horas en España peninsular) del miércoles”, ha anunciado en rueda de prensa.
También ha comparecido el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, asegurando que cualquier persona no considerada exenta que se encuentre en la zona y durante el período de tiempo designados para el toque de queda estará “sujeta a arresto”.
La medida no afectará a los residentes, las personas sin hogar, las fuerzas del orden, el personal médico y de urgencias y los medios de comunicación acreditados, en una zona que equivale a 2,59 kilómetros cuadrados de una superficie total de 1,300, según han indicado las autoridades locales.
“El toque de queda es una medida necesaria para proteger vidas y salvaguardar propiedades tras varios días consecutivos de crecientes disturbios en toda la ciudad”, ha defendido tras indicar que las detenciones por estas protestas han aumentado significativamente en el transcurso de unos días", teniendo en cuenta que los movilizaciones se iniciaron el pasado viernes.
Así, ha informado de que las autoridades han detenido este martes a 197 personas, mientras que en la víspera fueron arrestadas 114, el domingo 40 y el sábado 27. “Hemos asistido a una preocupante escalada y a un comportamiento ilegal y peligroso”, ha advertido McDonnell.
“Permítanme dejar claro que este comportamiento, bloqueando autopistas, calles de la ciudad y rampas, negándose a cumplir con las órdenes legales de dispersión e interfiriendo con las operaciones de seguridad pública, es peligroso, ilegal y no será tolerado”, ha asegurado.
