El Tribunal de Cuentas rechazó hoy los alegatos que el Gobierno presentó con la intención de modificar una decisión de ese organismo de contraloría que consideró irregulares los balances oficiales correspondientes al año pasado.
El propio Tribunal de Cuentas informó de que la defensa que le presentó el Gobierno fue rechazada por unanimidad por sus nueve miembros, con lo que se mantiene la recomendación de que el Congreso no avale esos resultados en una votación prevista para realizarse antes de fin de año.
Esas irregularidades fiscales han dado pie a la oposición para pedir un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, ya que considera que suponen un "delito de responsabilidad", que es una de las causas que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario.
Según el dictamen del Tribunal de Cuentas, ratificado hoy, el Gobierno cometió "graves ofensas" contra la Ley de Responsabilidad Fiscal, que exige el uso correcto del dinero público, e incumplió de forma "sistemática" las reglas y principios de planificación, transparencia y gestión fiscal.
La investigación realizada por el tribunal constató que en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40 mil millones de reales (hoy 10 mil 600 millones de dólares) y fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno.
El Gobierno alegó que los atrasos en el envío de recursos a la banca pública son un "procedimiento común" en la administración brasileña y que ya habían ocurrido con los entonces presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio 'Lula' da Silva (2003-2010), con la Ley de Responsabilidad Fiscal ya en vigor.
El Tribunal de Cuentas aún debe examinar los balances oficiales de este año, pues calcula que hasta el pasado octubre esas deudas no habían sido totalmente saldadas y se habían contraído otras, también omitidas de los resultados, con lo que el monto debido por el Estado se mantendría en las mismas cifras.
Esta ha sido la primera vez desde 1937 que el Tribunal de Cuentas reprueba el balance de un gobierno, aunque su aprobación o rechazo definitivo es una atribución exclusiva del Congreso Nacional.
El proceso con miras a la destitución de la presidenta, que se fundamenta en esas maniobras fiscales, comenzó este martes pero fue suspendido hasta la semana próxima por la Corte Suprema, que deberá esclarecer algunos de los procedimientos para el trámite.