Una jueza permite a Musk y al DOGE acceder a datos federales y cancelar contratos

Una jueza permite a Musk y al DOGE acceder a datos federales y cancelar contratos
El empresario estadounidense y empleado especial del gobierno estadounidense Elon Musk, con su hijo X, y el presidente estadounidense, Donald J. Trump, hablan con los medios de comunicación en la Oficina Oval de la Casa Blanca. EFE

La jueza federal Tanya Chutkan rechazó este martes la petición de bloquear al magnate Elon Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) el acceso a los sistemas de datos del Ejecutivo.

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La magistrada del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia se pronunció así en contra de la solicitud efectuada el pasado 13 de febrero por una coalición de fiscales de 14 estados de Estados Unidos.

El grupo reclamaba que se prohibiera a Musk y al DOGE acceder a información sensible y confidencial de las distintas agencias, efectuar cualquier cambio en el desembolso de los fondos públicos o cancelar contratos gubernamentales, entre otros puntos.

El DOGE tiene como misión reducir el gasto y la burocracia en el Gobierno federal. Con ese pretexto en estas semanas desde que Donald Trump regresó al poder el 20 de enero ha iniciado el desmantelamiento del aparato público.

La jueza reconoció que aunque las “acciones impredecibles” del DOGE han provocado una “considerable incertidumbre y confusión”, los demandantes no han presentado pruebas suficientes de que en caso de que no se frene ese acceso vaya a haber un daño “inminente e irreparable”.

Musk había cargado previamente contra los jueces federales por frenar su poder y ha pedido su destitución. Además, también ha asegurado sin pruebas de irregularidades que los trabajadores federales estaban defraudando a los contribuyentes.

Medios estadounidenses revelaron el lunes que el DOGE está presionando para acceder a información personal de carácter fiscal de millones de ciudadanos.

Según estas informaciones, dicho departamento se afana en conseguir acceso a un sistema vinculado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos −similar a Hacienda en otros países− para supuestamente erradicar operaciones de fraude.

Los fiscales generales demandantes, de estados gobernados por los demócratas como California, alegaban que Musk “ha desmantelado agencias federales, accedido a datos confidenciales y causado perturbaciones generalizadas en los gobiernos estatales y locales, así como en sistemas críticos de los que los estadounidenses dependen a diario”.


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