La unidad de investigación conjunta sobre la ley marcial dijo este lunes que pedirá al destituido presidente, Yoon Suk-yeol, a que comparezca para ser interrogado este miércoles por su intento fallido de imponer la ley marcial en el país.
El equipo conjunto, formado por la Policía, el organismo anticorrupción y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa, dijo que pedirá la presencia de Yoon ante ellos este miércoles por cargos de insurrección y abuso de poder.
El anuncio se produce después de que el mandatario no acudiera el domingo a un interrogatorio con la Fiscalía, que lo había citado el 11 de noviembre pasado.
Los fiscales, que confirmaron que la Oficina Presidencial había dado acuse de recibo con respecto a la convocatoria, tienen previsto enviar una segunda citación este mismo lunes.
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete −como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva− y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción.
Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
Yoon fue destituido el sábado por el Parlamento con los votos de al menos 12 diputados de su formación política, el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), y sus funciones las ejerce ahora de manera interina el primer ministro, Han Duck-soo.
Yoon queda ahora a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.