Exviceministro Luis Eduardo Camacho no declara en caso de 'call center'

La Fiscalía Segunda Anticorrupción ya le formuló cargos por este caso en el que también fue acusado el supervisor del centro de llamadas y quien denunció sus operaciones, Giancarlo Terán, y una funcionaria del Mici.

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Luis Eduardo Camacho González se presentó a la Fiscalía Segunda Anticorrupción. Luis Eduardo Camacho González se presentó a la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Luis Eduardo Camacho González se presentó a la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

El exviceministro de Comercio Interior, Luis Eduardo Camacho González, se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar en el caso que maneja la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la instalación de un centro de llamadas de Cambio Democrático con fondos públicos.

Este artículo establece que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Nicolás Brea, uno de los abogados de Camacho González, presentó un incidente de controversia en contra de la providencia de indagatoria para adversar los cargos que se le han formulado por presunto delito contra la administración pública.

El incidente de controversia es un recurso que contempla la legislación para que la persona interponga en caso tal que considere que los elementos vertidos para hacer la indagatoria no son suficientes para ordenar la misma, indicó el abogado.

Camacho González manifestó que una vez el incidente de controversia sea resuelto se presentará para rendir su descargo en la condición que sea. “Desde el día uno he venido para hacerle frente a los señalamientos”, remarcó.

Agregó que no se le señala por haberse llevado ningún solo centavo de las arcas del Estado “sino por un documento el cual no aparece en el expediente” y del cual no quiso hacer alusión.

Por este caso también fue acusado el supervisor del centro de llamadas y quien denunció sus operaciones, Giancarlo Terán, y una funcionaria del Ministerio de Comercio e Industrias.

La investigación fue abierta de oficio por la fiscalía durante el pasado mes de mayo, a raíz de las declaraciones que hizo Terán, quien afirmó que trabajaba en el call center ubicado en el edificio H2O de la avenida Balboa, el cual era supuestamente financiado con dinero del Estado.

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