Solo dos procesos por trata de personas han llegado a condenas en los tribunales panameños desde que fuera aprobada la Ley 79 del 9 de noviembre de 2011, que tipificó ese delito por primera vez en el país, confirmaron fuentes judiciales.
En cada caso, la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada proceso e imputó a tres personas, que luego fueron condenadas a penas de entre 10 y 15 años de prisión. Todas apelaron.
Las pocas condenas de este delito, en contraste con el número creciente de casos reportados por las autoridades, confirma la calificación deficiente que otorgó al país el Departamento de Estado de Estados Unidos en su más reciente informe –correspondiente a 2013–, en lo que respecta a los estándares mínimos para la prevención del flagelo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a Panamá una calificación de 2, en una escala de 1 al 3, situación que el actual secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Álvaro Varela, atribuyó a la poca eficiencia de los funcionarios del gobierno anterior.
CIFRAS
De acuerdo con Isis del Carmen Soto, agente de instrucción delegada de la Fiscalía, indicó que este año se adelantan investigaciones en siete casos, seis de los cuales incluyen a mujeres como víctimas y el otro a un hombre.
El año pasado se registraron 14 casos, con los que suman 21 los procesos instruidos actualmente en la mencionada fiscalía.
“Las modalidades en la trata de personas que se dan en los casos investigados son con fines para la explotación sexual y laboral”, recalcó.
Informó que la explotación en el plano laboral se concreta sobre todo en la actividad agrícola y de la construcción. Las víctimas son captadas en sus países de origen y luego explotadas en Panamá.
“Una vez que llegan a su destino y contactan a otro sujeto, se encuentran con que la realidad no es como se la habían contado en el tema salarial. Cuando llegan aquí se topan con jornadas extensas de trabajo”, explicó.
Por su parte, Edna Jaramillo, secretaria para la Protección de Víctimas y Testigos en los procesos penales del Ministerio Público, manifestó que “el tratamiento para las víctimas que se encuentran en casos de trata de personas se basa en la atención médica y psicológica, de acuerdo con las condiciones en que se encuentren las personas afectadas”.