Los 16 días de activismo contra la violencia de género inician el 25 de noviembre de cada año en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Distintos organismos internacionales colaboran con la sociedad civil y las instituciones, para que durante estos días se realicen actividades de sensibilización y capacitación sobre todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres en toda su diversidad, con el objetivo final de crear conciencia y promover el derecho a la vida libre de violencia a esta mitad de la población.
En Panamá, desde el año 1999 existe una la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, reglamentada a través del Decreto Ejecutivo 53 de 2002, que establece aprobar y ejecutar las políticas públicas modernas para el pleno desarrollo y aprovechamiento del potencial y capacidad de las mujeres, como lo son: capacitación a hombres y mujeres promoviendo la igualdad de condiciones tanto en lo privado como en lo público y establecer una serie de obligaciones para el Estado en cuanto a la mujer y la equidad jurídica, la familia, la salud, la educación, la vivienda, la cultura, los medios de comunicación y el medio ambiente, entre otras. A pesar de ello, las estadísticas son claras y a casi 24 años de su aprobación, las mujeres siguen siendo discriminadas, violentadas y excluidas y su imagen sigue siendo utilizada para promover los estereotipos machistas y roles de género.
Las mujeres constituyen la mitad de la población; en la mayoría de los centros educativos, sobre todo del nivel universitario, siguen egresando mayoritariamente mujeres. Sin embargo, no vemos esa tendencia en los puestos de liderazgos empresariales y toma de decisiones. En estos mismos espacios de “formación”, se siguen dando a diario prácticas de acoso sexual por parte de los docentes, situación que es pública. Sin embargo, las autoridades universitarias -mayoritariamente compuesta de hombres- no han establecido protocolos claros de atención, seguimiento y sanción a estas violaciones de derechos humanos que siguen sufriendo las estudiantes.
Por otro lado, en el contexto de la pandemia, la violencia doméstica se ha incrementado, así como la violencia sexual, donde niñas y niños son parte de las víctimas (5,144 denuncias por violación y otros delitos sexuales, reporta el Ministerio Público). Además, se han registrado más de 20 femicidios, asesinato de mujeres en contextos machistas o misóginos, no solo dejando luto en esas familias, sino un daño permanente e irreparable a niños y niñas que quedan en la orfandad sin el apoyo del Estado, ya que hay una completa ausencia de políticas públicas para la atención de todas sus necesidades.
Cada vez que se mata a una mujer en un contexto de relaciones desiguales de poder, la responsabilidad recae sobre el Estado, quien es el obligado a garantizar todos los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad (niñas, adolescentes, indígenas, negras, con discapacidad, adultas mayores, campesinas, sexo diversas, migrantes y privadas de libertad, entre otras).
Las demandas son muchas. Los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres deben incorporar la perspectiva de género en sus programas, planes y proyectos, porque funcionan a su mínima expresión actualmente; por ello, las respuestas a la compleja situación de violencia de género que viven las mujeres en el país son poco estructuradas y no sostenibles en el tiempo. Urge la incorporación de personal técnico especializado, dejando a un lado los compromisos políticos y que se incluyan en la agenda institucional políticas de promoción, prevención, atención y monitoreo adecuado de la violencia de género.
Es importante reconocer que la falta de participación de las mujeres en las esferas de toma de decisiones, perpetúa la desigualdad en todas las esferas, produce un enorme vacío en las políticas públicas de interés social y debilita la democracia. Sin la representación de mujeres con enfoque de género, las desigualdades, la discriminación y la violencia serán mucho más difícil de erradicar. #NiUnaMuertaMás.
#MásMujeresMásDemocracia.
La autora es abogada defensora de derechos humanos y directiva de Fundagénero.
