La historia de toda democracia es un esfuerzo por conseguir una forma de autogobierno en el que todos tengamos el mismo derecho a escoger lo que nos afecta. El sufragio universal es la convicción panameña de que las decisiones colectivas no pueden ser adoptadas por unos cuantos burócratas, por muy clarividentes que los planificadores en salud consideren ser.
El buen político construye sus ofertas leyendo el contexto donde -como diría Schumpeter- las demandas se expresan. Ese contexto es lo que se denomina “opinión pública”. Todo político exitoso utiliza la opinión pública como lazarillo. La lástima y la impotencia que nos genera ver familiares de pacientes con cáncer madrugando, que se han movilizado desde los lugares más recónditos del país a un Instituto Oncológico que se ha quedado pequeño para la nación nos desgarra el alma.
En el 2015 se publicó un artículo en la prestigiosa revista U.S. News& World Report titulado “Altos riesgos en hospitales de bajo volumen”, que esencialmente resaltan el resultado clínico desfavorable y mortalidad, asociado al manejo quirúrgico de patologías que se presentaron con poca frecuencia en esas instituciones y que se pudieron haber evitado hasta 11 mil muertes entre el 2010 y 2012, si dichos pacientes hubieran sido tratados en un hospital que operaran dicha patología en mayor volumen. La práctica hace el maestro y al paciente le va bien.
La única calificación hospitalaria centrada exclusivamente en la seguridad hospitalaria es realizada por The Leapfrog group, organización de vigilancia (watchdog organization) sin fines de lucro, que sirve como una voz para los pacientes utilizando su influencia colectiva para fomentar un cambio positivo en la atención médica de Estados Unidos de América y en dicho artículo su directora afirmó “Puede salvar su vida eligiendo el lugar correcto”. Luego de esa publicación, lugares prestigiosos y líderes de salud en el mundo como Johns Hopkins Hospital and Health System y University of Michigan Health System limitaron ciertos procedimientos quirúrgicos a sus cirujanos y sus hospitales, refiriendo los procedimientos de alta complejidad a hospitales que manejaban dichas patologías en altos volúmenes. Los días cama disminuyeron, las morbilidades por el tiempo quirúrgico prolongado disminuyeron y la mortalidad disminuyó. Los costos directos de la transportación de los pacientes y familiares a los hospitales de referencia fue oneroso, pero el beneficio social de tener a su familiar vivo, con control oncológico del cáncer y en menor tiempo en su casa no tiene precio.
El tratamiento contra el cáncer necesita un equipo multidisciplinario, legionario y con muchos minutos de juegos para luchar contra esta enfermedad maligna y debemos evitar la dualidad, que la institución solidaria quiere brindar en la nueva ciudad nosocomial para abaratar costos y excluyendo al pueblo de tener el beneficio de un equipo multidisciplinario con alto volumen para librar, tal vez su última batalla.
La clave es fortalecer la atención primaria de salud y optimizar los programas nacionales, alejándose de los políticos con diplomas de médico y realizar una política de Estado -la ruta del cáncer- que sea dirigida por el Instituto Oncológico y donde la seguridad social (tiene el monopolio de formación de especialistas, paso imprescindible para ser sub especialista en oncología) no limite la formación de profesionales contra la lucha del cáncer.
Los 20 millones de dólares asignados para el 2024 al Instituto Oncológico es un chiste de mal gusto. Hasta la basura de la Caja de Seguro Social vale más dinero (58 millones de dólares) que un nuevo nosocomio con los usuales altos estándares de calidad, para y por el pueblo panameños. ¿Ya se ampliaron las plazas de residencias o internado médico en Panamá?
El pensamiento medieval está dominado por la idea de que el buen gobernante es aquel que gobierna observando las leyes usando un “sello que dice visto bueno bajo las normas y reglamentos institucionales”, de las que no puede disponer libremente porque lo transcienden. Ojalá en el 2024, aparezca un líder legítimo que ejerza el poder de hacer leyes para la salud del pueblo.
El autor es cirujano sub especialista
