Soy consciente que no debemos mezclar la necesidad de reformar la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) con la obligación adicional de ajustar el desarticulado régimen fiscal panameño. que incluye su problema estructural, altísima deuda pública, permanentes y profundos déficits, limitada recaudación tributaria, rigidez presupuestaria y la pérdida de grado de inversión. Pero una vez logrado lo primero, lo segundo tiene que ser atendido de inmediato, porque de no ser así, poco nos servirá la adecuación realizada en nuestra seguridad social.
La economía panameña se encuentra comprometida, en un momento en que ni siquiera ha sido aprobada la ley que reforma la CSS. Crecientes problemas estructurales y de la carga de la deuda pública parecen no disminuir con la llegada de un nuevo gobierno. Mientras esperamos lo que sucederá prontamente con la CSS o, mejor dicho, de lograrse la aprobación de las enmiendas a su ley orgánica, urge implementar de inmediato reformas efectivas, aunque suenen impopulares, para mejorar la recaudación tributaria. No podemos seguir permitiendo que el presupuesto general del Estado siga sometido al campo minado por las insostenibles leyes especiales. Esas que generan aumentos automáticos, jubilaciones especiales, porcentajes del PIB para aplicar a rubros como la educación sin ningún sentido ni dirección, exoneraciones dirigidas a la economía de amiguetes que siguen tributando menos, como la aplicación de subsidios sin ningún control ni revisión. Panamá, frente a un permanente y continuo otorgamiento de fueros y privilegios en su economía, ejerce una rigidez presupuestaria que obliga la expedición de presupuestos artificiales imposibles de cumplir. Un presupuesto altamente forzado a cumplir metas insostenibles.
Todo esto crea mayores riesgos y, como prueba de ello, una de las principales calificadoras de riesgo nos mantiene sin grado de inversión, mientras que las otras dos nos colocan en el último escaño antes de perderlo. Y en la medida que crece el riesgo en la economía debido al mal manejo de las finanzas públicas, el costo del financiamiento externo se encarece. El tema del déficit fiscal se agrava, al percibirse una creciente incapacidad para cumplir con la meta de reducirlo. Y todo parece deberse a la falta de voluntad del órgano Ejecutivo de presentar las iniciativas legislativas para que, aunque de manera escalonada, se inicie el desmantelamiento de las leyes especiales de diferente naturaleza.
Si agregamos a esto la desaceleración de la economía, que se comprueba con el reciente aumento de desempleo al 9.5%, sin contar con el cierre de la mina, nos dirigimos hacia una carga de la deuda que supera el 60% del PIB. Esto implica que el pago de los intereses de la deuda representaría el 19% de los ingresos gubernamentales, estando entre los peores del mundo. Si agregamos que la planilla estatal se traga el 30% del presupuesto, que nuestra recaudación representa el 8% del PIB, entre las más bajas de la región, y una informalidad que raya el 50% de la población económicamente activa, la visión del mercado internacional hacia Panamá es más negativa, lo que conlleva al aumento del costo de endeudamiento.
Tampoco hemos visto con este gobierno un verdadero cambio positivo para limitar el mal uso de los recursos públicos. En cuanto a viajes, por ejemplo, a la ONU asistió una delegación que incluyó casi la mitad del Gabinete con sus respectivos asesores, mientras que, a la Cumbre Iberoamericana en Cuenca, Ecuador, la delegación panameña sumó 17 personas. Y se dice que, en enero a Davos, Suiza, irán 32 delegados panameños; todo un despilfarro innecesario. La Asamblea Nacional sigue malgastando recursos, frente a una planilla que supera los 4,700 funcionarios. El país sigue generando contratos draconianos en su contra, al punto que quedamos pagando millones en arrendamiento sobre tierras, propiedades y bienes inmuebles, que nos pertenecen.
El 2025 será el año clave para darle un giro a este desbarajuste, profundizado bajo el desastroso gobierno de Laurentino Cortizo. Pero llega el momento para detener la justificación de haber heredado este maleficio, y pasemos de la imagen, de la intención y de la esperanza a la voluntad, al cumplimiento y a la ejecución.
El autor es abogado
