Pocas cosas unen tanto a los panameños como una conversación sobre la luz. No importa la provincia, la profesión ni la edad: cuando se va la energía, todos tenemos algo que decir. Unos hablan de los apagones, otros del tiempo que tardan en responder, otros de lo que pagan a fin de mes. Esas críticas son legítimas y no deberíamos ignorarlas.
Pero detrás de cada queja hay una pregunta que casi nunca nos hacemos: ¿cómo funciona de verdad el servicio eléctrico en Panamá y qué podemos exigir para que mejore?
Conviene partir de un dato que muchos desconocen: el servicio de luz funciona bajo un modelo llamado monopolio regulado. La palabra “monopolio” suena fea, pero aquí tiene su razón de ser. Es parecido al agua que llega a tu casa: a nadie le convendría que cinco empresas distintas rompieran la calle para meter cada una su propia tubería. Lo lógico es una sola red, bien hecha y ordenada. Con la luz pasa igual, y por eso el Estado divide el país en zonas y le entrega cada una a una sola empresa.
Ahora bien, ese permiso debería venir con condiciones serias. A cambio de la exclusividad, la empresa se compromete a mantener la red, atender a los clientes, invertir, llevar la luz a más lugares y cumplir la calidad que exige la ley. Lo digo con claridad: ser la única no puede significar hacer lo que se quiera. El Estado está para vigilar que se cumpla, y nosotros para exigir que esa vigilancia funcione.
Y aquí aparece lo importante. Panamá cambió enormemente en quince años. Hoy consumimos más energía que nunca y dependemos de ella para casi todo. La red ya no sostiene solo focos y refrigeradoras: sostiene hospitales, telecomunicaciones, centros de datos, bancos, educación virtual y buena parte de la economía. Por eso vale preguntarse si la infraestructura y el modelo actual avanzan al ritmo del país.
Las concesiones para la distribución vencen en octubre de 2028. Estamos a solo dos años de una decisión que marcará nuestra vida diaria por mucho tiempo. Y dos años, lejos de ser poco, son una ventana valiosa: estamos a buen tiempo para reflexionar, organizarnos y tomar acción antes de que se definan las reglas.
Aquí conviene una reflexión. Si al final continúan operando las mismas compañías, la ausencia de mejoras tendría que volverse sencillamente intolerable: la continuidad solo se justifica si viene acompañada de resultados visibles. Y si entran nuevas compañías, el cambio debe manifestarse de forma clara y medible, porque ningún relevo tiene sentido si las cosas siguen igual. En ambos escenarios la conclusión es la misma: lo que no podemos aceptar es seguir donde estamos.
Esa fecha es mucho más que un trámite: es una oportunidad para tener, por fin, una conversación seria sobre el futuro de nuestra electricidad. ¿Queremos menos interrupciones?, ¿una red más resistente a las tormentas?, ¿respuestas más rápidas?, ¿una infraestructura lista para las próximas décadas?
Y hay una pregunta que suele quedar fuera del debate, aunque es la que más siente la gente en su bolsillo: la tarifa. Todo está conectado. Una red mejor diseñada, mejor mantenida y mejor administrada no solo falla menos: opera de forma más eficiente. Y un sistema más eficiente abre la puerta a una tarifa optimizada, más justa con quien la paga. Las pérdidas técnicas, los reprocesos y la infraestructura envejecida cuestan dinero, y ese costo termina en la factura. Mejorar el sistema es también cuidar la economía de cada hogar.
Con frecuencia el debate se queda en buscar culpables. Pero las grandes transformaciones nacen cuando definimos objetivos claros y construimos las reglas para alcanzarlos. El reto no es solo identificar lo que no funciona, sino diseñar un sistema que funcione mejor y cueste menos.
Al final, la discusión no debería girar en torno a quién administra la red, sino en torno a otra pregunta: ¿qué servicio eléctrico y qué tarifa merece Panamá para los próximos quince años?
La respuesta marcará no solo la calidad de la luz que recibiremos mañana, sino la capacidad de nuestro país para crecer y competir. Y esa es una conversación en la que todos tenemos derecho a participar.
El autor es profesional del sector eléctrico.
