Panamá enfrenta una realidad que no puede seguir observándose únicamente como una estadística. Según información presentada por el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes panameños entre 15 y 29 años se encuentra en condición de NINI, es decir, ni estudia ni trabaja. Diversas autoridades han advertido que esta realidad representa alrededor de 250 mil jóvenes, una cifra que debe estremecer la conciencia nacional.
Más allá del impacto económico que esta situación genera, estamos frente a un problema jurídico, educativo y social que compromete el futuro del país. Un joven que permanece fuera del sistema educativo y del mercado laboral se encuentra en una condición de alta vulnerabilidad frente a múltiples riesgos: delincuencia, consumo de drogas, pandillerismo, trata de personas, explotación sexual, violencia, problemas de salud mental y exclusión social.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es inevitable: ¿cómo hemos llegado a este punto?
Nuestra Constitución reconoce el derecho de toda persona a la educación y asigna al Estado la responsabilidad de organizar y dirigir el servicio público educativo. Al mismo tiempo, establece que los padres de familia tienen el derecho y el deber de participar activamente en el proceso educativo de sus hijos. La educación, por tanto, no es una responsabilidad exclusiva de la escuela; constituye una obligación compartida entre el Estado, la familia y la propia sociedad.
Sin embargo, la realidad demuestra que ese equilibrio se ha debilitado. Con demasiada frecuencia se pretende trasladar a los docentes responsabilidades que corresponden, en primer lugar, al hogar. Ningún sistema educativo podrá alcanzar resultados satisfactorios si la familia renuncia a su papel formador, a la supervisión cotidiana y a la transmisión de valores como el respeto, la disciplina y la responsabilidad.
A ello se suma otra preocupación: el incremento de la violencia escolar. Las agresiones físicas entre estudiantes, los casos de acoso escolar, las amenazas, el porte de armas, el consumo de sustancias ilícitas y otros episodios que hoy ocupan titulares no son fenómenos aislados. Constituyen síntomas de un problema mucho más profundo: la pérdida progresiva de los factores de protección que deberían acompañar el desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes.
Cuando un joven abandona la escuela, el país pierde mucho más que un estudiante. Pierde talento, productividad, oportunidades de innovación y posibilidades de construir una sociedad más segura. Lo que hoy parece una deserción escolar puede convertirse mañana en un problema de seguridad ciudadana, salud pública o exclusión económica.
Por ello, el debate no puede limitarse a ofrecer actividades recreativas para ocupar el tiempo libre. El deporte, la cultura y la recreación son herramientas valiosas, pero no sustituyen una política pública integral que garantice la permanencia del estudiante dentro del sistema educativo y que intervenga oportunamente cuando aparezcan los primeros indicadores de riesgo.
Panamá necesita avanzar hacia un verdadero Sistema Nacional de Alerta Temprana para la Permanencia Escolar, capaz de identificar oportunamente a los estudiantes con riesgo de deserción, activar mecanismos de intervención interinstitucional y coordinar el trabajo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, las autoridades locales y las familias. La prevención siempre será menos costosa que la reparación.
De igual forma, resulta indispensable fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia. El interés superior del niño y del adolescente, ampliamente desarrollado por nuestro ordenamiento jurídico, no puede quedarse en una declaración de principios. Debe traducirse en acciones concretas que garanticen el acceso, la permanencia y la culminación de la formación educativa, así como en mecanismos eficaces para atender aquellos casos en que exista abandono de las responsabilidades parentales.
Este desafío también exige revisar permanentemente nuestro marco normativo para asegurar que responda a la realidad educativa actual y que las políticas públicas evolucionen al mismo ritmo que los problemas sociales que enfrentamos.
No se trata de buscar culpables. Se trata de asumir responsabilidades.
Cada joven que hoy abandona las aulas representa una oportunidad que el país pierde. Cada estudiante que logra culminar su formación representa una inversión en seguridad, desarrollo económico, convivencia pacífica y fortalecimiento de la democracia.
Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Pero ese cambio requiere liderazgo, decisión política, compromiso familiar y una visión de Estado que coloque verdaderamente a la educación en el centro del desarrollo nacional.
Porque rescatar a un joven hoy es evitar múltiples problemas mañana. Y esa es una responsabilidad que nos pertenece a todos.
El autor es docente de Orientación y abogado litigante.
