El 11 de junio de 1987, un grupo de panameños se levantó en nombre de la democracia, la justicia y la libertad. Fundaron la Cruzada Civilista Nacional y arriesgaron su vida para desafiar a una dictadura. Hoy, 39 años después, vale la pena preguntarse con honestidad: ¿logramos lo que buscábamos?
Desde 1989 hasta hoy, ocho presidentes han gobernado la República de Panamá. Varios de ellos fueron protagonistas directos de aquella lucha civilista, hombres y mujeres que corearon las mismas consignas que hoy suenan vacías: democracia, justicia, libertad. El país transitó de la dictadura a la alternancia electoral, y muchos creyeron que ese tránsito era suficiente. No lo era.
Hemos reducido la democracia a su expresión más pobre: ir a las urnas cada cinco años. Y ni siquiera eso lo hacemos bien. El sistema de cociente, medio cociente y residuo —con el que elegimos diputados— sienta en curules a políticos sin ningún grado de legitimidad popular real. Son elegidos por las matemáticas del sistema, no por la voluntad ciudadana. Eso no es democracia; es su simulacro.
La justicia que no existe para todos
¿Podemos sentirnos satisfechos con lo que hemos logrado en materia de justicia? Mi respuesta es rotunda: no. Las cárceles de este país están llenas de los hijos de la cocinera, de jóvenes sin recursos, de pobres sin abogados ni apellidos. Mientras tanto, el delincuente de saco y corbata, con influencias y poder político, no pisa jamás una celda. Más aún: se lleva lo robado para su casa, y a veces hasta regresa al poder.
Este no es un país con igualdad ante la ley. Es un país con dos sistemas de justicia paralelos: uno para los que tienen y otro para los que no. La Cruzada Civilista soñó con un Estado de derecho. Lo que tenemos es un Estado de conveniencias.
La libertad que nos fue negando el silencio
Hablemos de la protesta. Hoy existe en Panamá una casi prohibición de facto para manifestarse en las calles. No hablo de protestas violentas; hablo de la protesta pacífica que la propia Constitución garantiza. Grupos de panameños que salen a reclamar agua potable en distintos puntos del país no reciben respuesta del Estado. Lo que les llega no es agua: es la policía.
Y si de libertad de expresión hablamos, puedo hablar desde mi propia experiencia. Quien se atreve a cuestionar una actuación del gobierno es señalado de inmediato como enemigo. Entra en una lista negra que opera con múltiples herramientas: descalificación en cuentas de redes sociales pagadas con fondos públicos, bloqueo de acceso a fuentes oficiales y exclusión del presupuesto de publicidad estatal, destinado exclusivamente a quienes apoyan la gestión de gobierno.
El periodismo independiente no tiene patrocinadores del Estado. Tiene, en cambio, sus perseguidores. No con balas, como en tiempos de Noriega, sino con algoritmos, con presupuestos y con silencio institucional. El método cambió; el objetivo es el mismo: callar.
Democracia es mucho más que votar
La democracia no comienza ni termina en las urnas. Democracia es transparencia en el ejercicio del poder. Es diálogo real con los ciudadanos, no el teatro de las consultas vacías. Es escuchar, reflexionar, tener la humildad de hacer un alto y retroceder cuando nos equivocamos. Es rendir cuentas, no solo al final del período, sino todos los días.
Lo que tenemos hoy es un gobierno que administra el poder como si fuera una propiedad privada, que guarda silencio ante las crisis más graves —como la fuga masiva de La Joyita— y que confunde la gestión pública con la gestión de la imagen. La democracia exige gobernantes que le hablen al país con la verdad, no comunicadores estratégicos que administren el relato.
¿Y entonces, cuál es la excusa?
Después de 39 años, los mismos actores que prometieron democracia han tenido tiempo suficiente para construirla. El argumento de que la herencia dictatorial nos condena ya no se sostiene. El problema no es el pasado: es la decisión deliberada de una clase política que encontró más rentable administrar la democracia desde la apariencia que construirla desde la sustancia.
Panameños de todas las generaciones pagaron un precio alto por la democracia que no tenemos. Los civiles que marcharon en 1987. Los que sobrevivieron el 10 de mayo de 1989. Los que enterraron a sus muertos después de la invasión. Ese precio merece algo más que elecciones cada cinco años y un presidente que no da la cara cuando las cárceles se vacían de criminales.
La excusa acabó. El argumento se agotó. Lo que queda es la responsabilidad de exigir sin rodeos, la democracia que nos prometieron y que todavía nos deben.
El autor es periodista.
