Hace 2 añosLa huelga del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) ha paralizado más de 90 obras del Ministerio de Obras Públicas (MOP), impactando gravemente a miles de ciudadanos que esperaban mejoras en infraestructura vial, puentes, carreteras y otras obras esenciales. Este paro no solo afecta a las empresas constructoras, sino que también repercute directamente en la economía y calidad de vida de los panameños.
La paralización de estos proyectos incrementa los costos, pues las empresas pueden solicitar extensiones de tiempo y compensaciones económicas, gastos que finalmente recaen en los contribuyentes. Además, el retraso en la entrega de las obras impide que los ciudadanos accedan a servicios vitales, como los zarzos en la Comarca Ngäbe-Buglé, fundamentales para que los niños crucen ríos de forma segura.
El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una obra clave para la conectividad y el desarrollo del país, también sufre el impacto del paro. Esta infraestructura es crucial para los cientos de miles de ciudadanos que viajan diariamente entre Panamá Oeste y la ciudad capital, quienes pierden horas atrapados en interminables tranques que deberían aminorarse con la nueva vía.
Mientras la huelga continúa, los panameños quedan atrapados en los intereses políticos de un sindicato que, lejos de defender los derechos de los obreros, ha convertido su plataforma en un instrumento de lucha ideológica, ignorando el mandato democrático expresado en las urnas.
Mónica PalmHace 2 añosNECEDAD. Thomas Heinemann siempre tuvo la razón; solo que Martinelli nunca quiso entenderlo. En al menos tres ocasiones, el consejero de la Oficina de Asuntos Extranjeros del Departamento de Estado estadounidense dejó constancia, por escrito, de que el principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición no le era aplicable, ya que al expresidente se le permitía viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre de 2019. Y todavía se niega a aceptarlo. Pareciera que la única carta que le queda es mentir en contra de lo obvio.
Hace 2 añosLa violencia en las protestas frente a la Universidad de Panamá ha alcanzado un punto intolerable. El caso de la niña de cuatro años, que sufrió una fractura craneal tras ser impactada por una piedra lanzada por manifestantes encapuchados, es una tragedia que jamás debió ocurrir. La autonomía universitaria es un principio fundamental, pero también conlleva una responsabilidad: garantizar que las instalaciones no sean refugio para el vandalismo ni el caos.
La administración de la Universidad de Panamá debe asumir su responsabilidad inmediata. No es aceptable que pequeños grupos de supuestos estudiantes utilicen el campus como plataforma para la violencia, atacando a la ciudadanía y a las fuerzas del orden. La impunidad con la que estos individuos actúan demuestra una peligrosa falta de control y liderazgo por parte de las autoridades universitarias.
La autonomía no puede ser excusa para el desorden ni para poner en riesgo la vida de inocentes. Es urgente que las autoridades universitarias establezcan medidas claras para evitar que las protestas se conviertan en actos vandálicos. La sociedad exige responsabilidad, no justificaciones.