Este mes conmemoramos los 75 años de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, y recordamos que ese mismo año en el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana se aprobó también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, Colombia.
Ambos instrumentos nacen en un momento de inflexión para la comunidad internacional. Representaron un rechazo al actuar que suponía colocar al ser humano en segundo plano frente a los intereses y voluntades políticos, económicos o sociales.
Por primera vez se materializó el reconocimiento de la dignidad humana en el centro de la labor jurídica y diplomática, resultando en lo que hoy en día conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos.
Siguiendo la época del militarismo regional de los años 60 y 70, surgió en el hemisferio una transformación vital del trabajo en derechos humanos entorno a la búsqueda de la verdad. Esta labor generó conciencia colectiva de nuestra región entorno a la definición de esa dignidad humana que sostenían las Declaraciones de 1948. Los horrores de las dictaduras latinoamericanas sembraron un nexo directo en el entendimiento americano con la lucha por los derechos humanos.
Desde entonces, la institucionalidad y marco legal de los derechos humanos se ha desarrollado en forma prolífera en el espacio interamericano. Acompañando las etapas políticas que ha vivido la región, el sistema interamericano de derechos humanos ha evolucionado con el clamor de diversas luchas. Hoy existe un acervo jurídico que han posicionado a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos como referentes.
Por su parte, desde la Organización de los Estados Americanos se han logrado consensos importantes. Esfuerzos que se suman y complementan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para formalizar paradigmas institucionales con respecto a los derechos humanos de personas con discapacidad y adultos mayores, la lucha contra el racismo, la intolerancia y luego todas formas de discriminación.
Pese a esta histórica suma de voluntades, vivimos hoy momentos de gran preocupación. Frente a las realidades actuales, queda un sentir de estancamiento y de regresión de los derechos humanos. Observamos en las nuevas generaciones una frustración con la promesa incumplida de una evolución cultural y social que incluso genera cuestionamientos al valor del orden democrático.
Esta desconfianza y hartazgo, ponen en relieve la desconexión entre las experiencias de vida en lo político, y la materia sustantiva transmitida entorno a la dignidad y derechos humanos a lo largo de décadas.
Es oportuno detenernos para reflexionar sobre la dirección del trabajo en derechos humanos, que en este contexto demanda reenfocar la labor de Estado. Hoy entendemos que los compromisos en materia de derechos humanos solo pueden materializarse cuando conectan con voluntades colectivas.
Esta visión exige, por un lado, un dinamismo desde la institucionalidad gubernamental. No basta con el compromiso convencional, ya que las poblaciones necesitan que conceptos como la inclusión, la transversalidad de derechos y la interseccionalidad permeen las políticas públicas y la toma de decisiones estatal en todos los niveles.
Desde su creación, la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA ha sostenido el compromiso con este aporte a la labor de los Estados Miembros, que hoy en día resulta un modelo a seguir. Los trabajos avanzados junto a altas autoridades que atienden los trabajos por derechos humanos de personas con discapacidad, afrodescendientes, pueblos indígenas y en agendas sustantivas como los derechos económicos, sociales y culturales, nos han permitido constatar la sostenibilidad de compromisos regionales aún frente a cambios políticos.
En segundo lugar, la labor en materia de derechos humanos hoy exige reconocer los aportes y voces desde las comunidades. “Nada sobre nosotros sin nosotros”, es un lema que trasciende grupos sociales y que hoy refleja el rol que juventudes, poblaciones indígenas, mujeres y otros colectivos han tenido como motores de exigencias sobre cambios sociales y defensores de democracias.
Generar los vínculos y espacios necesarios para asegurar que la participación ciudadana tenga un rol institucional y no solamente como contrapeso, representa una perspectiva novedosa y necesaria. Los mecanismos de participación ciudadana y de diálogo son una experiencia valiosa que desde la OEA pueden contribuir a una la construcción de una nueva dimensión al derecho internacional de los derechos humanos.
Los próximos 75 años serán una oportunidad para llevar los derechos humanos de la letra al actuar cotidiano. Es necesario continuar luchando por asegurar espacios a quienes mantienen vivas las llamas de aquellas voluntades políticas y diplomáticas que gestaron nuestras Declaraciones Universal y Americana sobre derechos humanos. La complacencia y los retrocesos no son una opción.
La autora es secretaria de Acceso a Derechos y Equidad Organización de los Estados Americanos
