El 8 de marzo es el día designado para conmemorar la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos políticos, sociales y económicos. Sin embargo, al llegar esta fecha cada año, resulta preocupante observar el largo camino que nos queda por recorrer.
Aunque las mujeres de hoy contamos con muchas posibilidades y oportunidades que habrían sido anheladas por las generaciones de hace 40 años, debemos reconocer que la brecha de género sigue latente en nuestra sociedad. Según el Índice Global de la Brecha de Género, en 2023, Panamá ocupó el puesto número 58 de 155 países, con una brecha del 72.4%. El estudio evalúa la diferencia existente en cuanto a la accesibilidad de oportunidades laborales, económicas y sociales entre hombres y mujeres.
Son múltiples las políticas públicas que han sido implementadas y promovidas por diversas instituciones estatales con el fin de tratar de corregir las diferencias socioeconómicas que colocan a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres. Sin embargo, existe otro problema particularmente perceptible en nuestro día a día: la violencia contra las mujeres y su creciente normalización.
Cuando escuchamos la palabra “violencia”, pensamos en golpes y agresiones físicas, pero también puede ser violencia psicológica, sexual, económica o patrimonial, formas comunes en las relaciones de pareja. Aún así, la mayoría de la población desconoce el modo en que se ejercen estos tipos de agresiones, o decide ignorar su relevancia, razón por la que todavía es considerable el porcentaje de mujeres que justifican y toleran agresiones de cualquier tipo por parte de su pareja sentimental. Asimismo, la falta de confianza de la población en el sistema de justicia es una de las causas sobresalientes por las que una víctima prefiere no denunciar a su agresor.
De acuerdo con datos publicados por el Ministerio Público, en 2023, en promedio, se interponen mil cuatrocientas sesenta (1,460) denuncias mensuales por violencia doméstica a nivel nacional. No obstante, el Perfil del País según Igualdad de Género (ONU Mujeres, junio 2020), indica que el 70% de las mujeres víctimas de agresión física perpetrada por su pareja, no denuncian el delito ya que piensan que obtendrán poca respuesta de parte de las autoridades competentes.
La violencia sexual es otro de los delitos que afectan, en su mayoría, a mujeres. De acuerdo con el estudio Situación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Unicef 2019), el 91% de las víctimas de violencia sexual menores de dieciocho años de edad son niñas y adolescentes. Dicho esto, podemos observar que, cuando la víctima es menor de dieciocho años de edad, o mantiene una condición de vulnerabilidad (discapacidad, situación migrante, pobreza, género, pertenecen a comunidades racializadas, entre otros), se agrava de manera considerable su dificultad para acceder al sistema de justicia.
De manera frecuente, la violencia de género no termina entre el agresor y la víctima. En muchas ocasiones, continúa con el eventual “linchamiento” mediático que enfrentan las víctimas en las redes sociales. Basta con entrar a los comentarios de las publicaciones que anuncian un delito como femicidio, abuso sexual o violencia doméstica y podremos observar cientos de personas (indiferentemente del género), culpando y cuestionando a la víctima y defendiendo al agresor.
La erradicación de la desigualdad y de la violencia de género no es tarea única de los órganos del Estado. Todos somos responsables. Tenemos el deber social de apoyar a las víctimas de violencia contra la mujer, y exigir que no exista la impunidad a favor de los autores de este tipo de delitos. Debemos cuestionar los estereotipos que nos han impuesto en cuanto al rol y a la situación de la mujer en la sociedad, identificando las creencias culturales y las prácticas sociales que consideran a la mujer, un ser “inferior” que pueden ser detonantes de discriminación.
Sobre todo, recordemos que el 8M, no puede ser el único día en el que reflexionemos sobre el valor de la mujer en la sociedad. Tengamos presente que son muchas las niñas, adolescentes y mujeres que todavía están en espera de igualdad y justicia.
La autora es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
