Economía

¿Son las APP una solución? Lo dudo

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Ya el nuevo equipo de gobierno y en particular el doctor Héctor Alexander, se han percatado del desastroso estado de las finanzas públicas y que el hoyo es mucho más profundo que los $500 millones que ha reportado la administración Varela. Ineludibles compromisos de pago y una exagerada deuda pública no darán al nuevo gobierno oportunidad para poder ejecutar nuevas ni inconclusas obras de infraestructura estatal.

Lamentablemente, presidente, la realidad es que su gobierno está esquinado, con pocas posibilidades para poder moverse. Para empeorar las cosas, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (RSF) establece que el límite máximo de déficit del balance fiscal del sector público no financiero será de 1.75% del PIB para 2019 y 2020, y 1.5% del PIB a partir de 2021.

Es de conocimiento público que la deplorable situación financiera para la ejecución de obras públicas, tiene su génesis en los vicios de la Ley de Contrataciones Públicas y el nuevo gobierno tiene la intención y el compromiso de modificarla. La amoralidad de esta ley radica en la inmensa discrecionalidad que tienen las comisiones evaluadoras que obedecen, ciegamente, a directrices de políticos que a su vez son empleados y cómplices de poderosos grupos económicos. Así de sencillo es el asunto.

En el curso del quinquenio pasado promoví y participé, directa o indirectamente, en licitaciones por un monto superior a $600 millones.

La experiencia vivida fue de espanto, vi de todo. En todas las instituciones del gobierno se dieron licitaciones, definitivamente “estructuradas” para beneficiar a un determinado grupo de poder, lo que generó fricciones entre los diferentes intereses económicos. Como consecuencia, se quedaron licitaciones inconclusas de carreteras, hospitales, líneas de transmisión y un largo etcétera. Para muestra un botón, el Hospital del Niño se ha licitado, por lo menos, 3 veces en 10 años.

El costo social ha sido la muerte de un sinnúmero de niños inocentes. Traigo a colación también la Facultad de Medicina, tres veces evaluada, la cual fue finalmente otorgada a una empresa insolvente, quebrada, y ahí abortó la imperante necesidad del gremio médico. Ojo presidente, este edificio de la Facultad de Medicina que data de los años 50 del siglo pasado fue evaluado en su estructura por la SPIA y declarado como de alto riesgo. Con lo frecuente de los movimientos sísmicos que vive el país si fatalmente llegase a colapsar, estos incapaces buscarán un chivo expiatorio y ese será usted.

El pueblo conoce toda esta trama y con su sapiencia cambió el dicho popular de “robaron, pero hicieron” a “lo mismo, pero ni siquiera hicieron”.

Las empresas extranjeras serias en sus políticas de inversión, oriundas de EU, Japón y países europeos no participan en los actos de licitación del Gobierno de Panamá, sencillamente porque se sabe, a nivel internacional, que todos estos actos licitatorios están viciados desde su concepción.

Afortunadamente, el nuevo gobierno ha identificado y priorizado el denominado mecanismo de “asociaciones público-privadas” (APP) como una alternativa financiera para lograr destrabar el nudo gordiano que enfrenta su gestión. Sin embargo, y aunque todavía gozamos de un atractivo grado de inversión, le va a ser extremadamente difícil el poder entusiasmar a los fondos de inversión e inversionistas privados a que consideren a nuestro país como un puerto seguro y de bajo riesgo de inversión.

Las APP son solo funcionales y tienen éxito en aquellos países que respetan las leyes, donde existe la seguridad jurídica, la seguridad del castigo y que promueven inversiones públicas en donde “ganar, ganar” es el esquema de inversión propuesto.

Ambos proyectos de ley deben ser de carácter público para que todos los interesados podamos aportar en su estructuración y no dejarlo todo al criterio de la Asamblea Nacional. Durante la campaña política oímos al presidente Cortizo decir que gobernar es cosa seria y repitió, hasta la saciedad, no obedecer directrices de nadie.

De igual forma, a muchos nos ha impresionado su código de conducta: “no mentir, no hacer trampa, no robar y no tolerar a quien lo haga”. Presidente, no tengo la menor duda de que ese será su norte. Pero, ¿lo será también de los políticos y comisiones evaluadoras? Confío en que estas leyes sean bien concebidas y debidamente estructuradas porque, sin lugar a dudas, son la solución a nuestros problemas y hasta Conato las aprobará. En su defecto, dudo mucho que las APP sean una alternativa de financiamiento.

El autor es ingeniero y promotor de inversiones 

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