SISTEMA JURÍDICO

Administración del engaño

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Mucho se habla, se comenta e incluso se protesta por la deficiente administración de justicia. Los poderes públicos descargan su culpabilidad en el otro y hasta el jefe del Ejecutivo interviene tímidamente descargando en la ciudadanía su responsabilidad de hacerse cargo por sí solo de la coordinación de la administración pública, como si la administración de justicia fuese una configuración extraterrestre.

La respuesta, propia de la navaja de Ockham a esta problemática, es responsabilizar al sistema. En efecto, el sistema de fueros, privilegios, excepciones, dilataciones, postergaciones y finalmente prescripciones del cuerpo jurídico penal panameño es la causa de la corrupción y la impunidad. Por esta razón, los sagaces y astutos abogados y litigantes se hacen pagar con creces y con facilidad transforman a fiscales, jueces, magistrados y procuradores de justicia en mediocres “opinadores” e intermediarios de una jurisprudencia errática, permisiva y por consecuencia, contradictoria, ineficaz, confusa y paralizante.

¿Qué ha pasado con ese valor innato y connatural en las sociedades decentes que han superado la corrupción? ¿Es realmente la justicia un valor que descubren los niños y niñas cuando están jugando? ¿Por qué dejamos de practicarla? ¿A qué se debe que nuestros legisladores, desde 1903, no han superado las maniobras de Nueva Granada en el ámbito político y constitucional?

Esto lo pregunto porque la administración del engaño es más eficiente y eficaz que la administración de justicia. No solo por la existencia de la venalidad del funcionario que se derrite ante la “sagrada coima”, sino porque la argucia y triquiñuelas legales están a disposición del astuto litigante.

El escenario del derecho penal panameño es un sistema jurídico que facilita la impunidad de los poderosos propietarios del dinero y del capital. La administración de la justicia penal es una mercancía con valor comercial que la moral del abogado sabe aprovechar. Estos astutos jurisconsultos hacen todo lo que la ley no prohíbe y saben acomodarse a las facilidades que la ley permite. El caso Odebrecht y el caso del expresidente Martinelli son impactantes y demoledores para los creyentes ciudadanos en la moralidad del Estado. Por ejemplo, es insostenible, a nivel de principio, que un sujeto, notoriamente corrupto, como el expresidente Martinelli, siga gozando de la presunción de inocencia cuando es un fugitivo, y siga adquiriendo fueros electorales cuando es un rebelde recalcitrante a los llamados de los tribunales. El grupo Odebrecht, por su parte, la justicia la transforma en compensaciones y multas que nada le cuestan y paga y sigue pagando millones ante el asombro de un continente que se resiste a aceptar que todo puede ser vendido y comprado.

Nadie con conocimiento del proceso penal panameño puede afirmar que estos dos escándalos públicos contravengan la legalidad de nuestra administración de justicia, aunque su contenido ético y racional sea ilegítimo y destructor de la buena fe ciudadana.

Es hora de que los poderes públicos propongan un régimen que no permita más la administración del engaño en una sociedad que necesita y exige de una administración de justicia expedita, confiable y rigurosa, sobre todo para los políticos y gobernantes que han legislado a favor de sus fueros, privilegios, excepciones, dilataciones, postergaciones y finalmente de sus prescripciones para seguir actuando como responsables ciudadanos y buenos padres y madres de familia. A esto se añade la impunidad de los grupos empresariales con capacidad de contaminar con arreglos bancarios y judiciales a la clase política de coimeros y demagogos.

Si los diputados no se ponen a legislar en serio sobre los contenidos racionales y éticos del derecho penal, evitando postergaciones de los procesos hasta la prescripción, se seguirá con el grosero y ridículo espectáculo de los poderes públicos inculpándose entre sí y con una mayoría nacional descreída, maliciosa, confusa y, sobre todo, distraída.

El autor es abogado y filósofo

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