Los nuevos enfoques de gestión en administración permiten contar con herramientas e instrumentos para la aplicación de nueva terminología en valores agregados, relativos a la administración privada (propia del escenario lucrativo) y a la pública (escenario no lucrativo).
Debemos partir por conocer ¿qué es la planificación estratégica? Para los altos jerarcas de la administración pública –que provienen de organizaciones privadas–, la planificación estratégica es el proceso mediante el que se define su propósito, con una visión a largo plazo, seleccionando las mejores alternativas que tiene el mercado.
En la administración pública, los titulares de las instituciones o entidades estatales buscan traer a sus mejores amigos para entrelazar, en la corporación, el principio de la competitividad en el entorno global. Es decir, que el gobierno central y local forma parte integral de un todo –la Nación– que pertenece al Estado (el cuerpo político de la Nación).
Así le queda a las altas personalidades, revestidas en el rol de “funcionarios” para el gobierno central y local, definir hacia dónde ir. Para tal efecto, hay que diseñar un escenario con las pretensiones que legalmente encontramos en las normas jurídicas cuando ofrecen la inmunidad, así como el rol de fugitivo, que son las condiciones que permite la ley.
De manera que al diseñar una organización política se oficializa el partido y se estructura un equipo para conformar grupos que asaltan el erario público, y con recursos financieros del gobierno central o local se llega al nivel de competitividad en la corporación gubernamental.
Según la nueva gestión administrativa, las acepciones de clientelismo, gerencialismo y tercialización son escenarios altamente competitivos en la empresa privada. Sin embargo, añadir el concepto público y conformar el termino gestión pública, que recoge la experiencia acumulada en la administración pública neoclásica, permite de manera figurada hacer hincapié en el no formalismo, para introducir la corporación y lo sano de la competitividad, en negocio.
La modernización permite hacer un replanteamiento importante en la administración pública y en la administración de justicia, en las que los fiscales anticorrupción no solicitan; la Contraloría General de la República no realiza; y las unidades administrativas de auditoría interna institucionales no ejercen. Lo agravante es que tampoco consideran las auditorías administrativas (examen de los cincos recursos de la administración pública integral o seccionada) para determinar las vinculaciones con intereses particulares.
En Panamá, hace falta contar con antecedentes como los que maneja el FBI, en Estados Unidos. Cuando esto ocurra, se tendrá la certeza del castigo en vez de la impunidad, así como el cumplimiento de deberes y derechos de las personas en el fortalecimiento de la democracia.
