Si se define un Estado fallido como el que ha fracasado en lo social, político y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil e ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica; en Panamá, con la crisis de la justicia que se da entre la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, se está frente a la antesala de un Estado fallido.
Después de escuchar las últimas declaraciones de la procuradora de la Nación y del presidente referentes al rumbo que llevan las investigaciones del caso de Odebrecht, luego que una suplente de juez decidió no aprobar la solicitud de extensión de dos meses más para terminar las indagaciones del “caso complejo” de esta empresa brasileña, son indicadores que advierten claramente que los fundamentos legales creados (leyes, códigos, y normas jurídicas) dejan la posibilidad de que “casos complejos” como este puedan eludir la mano de la justicia, dando razón a la población, que siente que esta forma de hacer justicia favorece más a los delincuentes de “alto perfil” que a los otros sectores de la población.
No es la primera vez que la justicia panameña ha estado en crisis, tanto como lo ha demostrado el Pacto por la Justicia con sus llamados al legítimo orden jurídico, y otras acciones de los sectores de la sociedad civil y política organizada, así lo han hecho desde 1990. La recurrencia de las crisis judiciales en la sociedad panameña se exacerban más cuando los casos evaluados son de alto perfil y/o casos complejos, donde son involucrados exministros y expresidentes, altos empresarios de empresas exitosas, dirigentes de partidos políticos y otros altos dignatarios de reconocida trayectoria.
Es así como la aplicación de recursos de habeas corpus, de faltas al debido proceso, las ausencias a las audiencias por enfermedades que duran hasta un año en un hospital privado de lujo, y todas las figuras legales creadas por el sistema jurídico panameño para “garantizar la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas”, son hábilmente aprovechados por los delincuentes de cuello blanco y no tan blanco, pero con suficiente dinero para pagar por los abogados más costosos en tarifas y fama del ejercicio de la abogacía.
Estas debilidades de la justicia panameña dan las condiciones necesarias para garantizar la impunidad de las personas poderosas económica y socialmente, más que una justicia sin fueros ni privilegios. Si una persona no cuenta con recursos económicos suficientes, no podrá defender sus derechos como merece todo ciudadano en un verdadero Estado de derecho.
Al final de cuentas, todas estas fallas del sistema judicial se convierten en la antesala de un Estado fallido, necesario para que la población no tenga dudas de que la Justicia aplicada es selectiva, mercantilizada, elitista y racista. Si no se corrigen estas fallas, la democracia está en peligro inminente.
El autor es ciudadano