La noticia de que el Gobierno colombiano y el liderazgo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han llegado a un acuerdo sobre justicia transicional, que podría finalmente traer la paz a Colombia y terminar con la guerra civil de mayor duración en América Latina, me ha dado mucho gusto.
Sé muy bien que hay colombianos y uno que otro extranjero que no han quedado satisfechos con algunas de las partes de la negociación. La principal objeción es que a su juicio el castigo a los guerrilleros es demasiado benévolo porque no contempla encarcelar a sus líderes y eso, según ellos, no hace justicia a las víctimas del conflicto armado. También hay quienes creen que el acuerdo de paz es innecesario porque piensan que el Gobierno va ganando la guerra. Muchos otros, la inmensa mayoría de los ciudadanos, de los dirigentes políticos y de los medios de comunicación, apoyan el proceso de paz porque promete el fin de la guerra y porque estipula que en vez de una amnistía general habrá una investigación y un juicio a los autores de crímenes de lesa humanidad.
Sé que es muy difícil pedirle que vea hacia adelante en vez de ver hacia atrás al familiar de una víctima inocente de la violencia de la guerra; a un desplazado que perdió todo su patrimonio porque las condiciones de vida en el lugar donde vivía eran insoportables o al hijo de un secuestrado por motivos ideológicos o monetarios. Yo puedo hacerlo porque la distancia me ayuda a ver las cosas de otro modo. No haber sufrido pérdidas a causa del conflicto que ha durado más de cinco décadas serena el juicio y me permite favorecer el posible futuro sobre el siniestro pasado.
La distancia también me permite comparar este proceso de paz con el de Irlanda del Norte que, como periodista, observé de cerca, o el de Sudáfrica. Dos procesos distintos y con repercusiones diferentes dadas las diferencias entre los dos países pero semejantes en tanto que en ninguno de los dos se impuso como condición la cárcel de cualquiera de los beligerantes. Y la razón de este tipo de cláusulas es relativamente simple: en este tipo de acuerdos nadie entra en una negociación que incluye encarcelación de una de las partes en conflicto.
En el caso de Colombia, sin embargo, si todo sigue un curso favorable sí habrá castigo en contra de aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Un castigo que satisface los criterios de los Tribunales de Justicia de Colombia y de la Corte Penal Internacional. El malestar de ciertos grupos políticos, en Colombia, por el anuncio de que se juzgará por igual a militares y guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad no es justificable. Para quienes abogamos por la justicia, los crímenes de lesa humanidad son inaceptables, sea quien sea quien los comete, y quizá sea más alevoso si se ejecutan amparados en la impunidad de un uniforme.
Yo me alegro por Colombia, porque tengo la esperanza de que si se logra la paz se acaban las víctimas. En el país no habrá más muertos en la guerra y la gente no tendrá que desplazarse de sus comunidades. Creo además que una paz permanente obligaría a la eliminación de las armas de fuego y que esto propiciaría avances en el tema de la seguridad. También veo posible que la producción de drogas ilegales disminuya si el Gobierno cumple sus promesas de incrementar el desarrollo rural. Además, sin guerra civil es de esperar que las fuerzas armadas colombianas dediquen más recursos a combatir a las organizaciones criminales que trafican con drogas y contrabando de bienes y personas. También es evidente que otro de los dividendos de la paz sería una reactivación de la economía con sus consiguientes beneficios, mayores inversiones, más empleo, menos pobreza y una mejora considerable de las condiciones de vida.
Visto desde afuera, insisto, el panorama de una Colombia pacificada luce mucho mejor y es por eso que el papa Francisco, la fiscal general de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, Bank Ki-moon, Barack Obama, Ángela Merkel y muchos extranjeros más le deseamos éxito a Colombia en su nueva apuesta por la paz.